Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia

Luís Martínez Gavilán

Presidente de ADENICAT

 

El viernes pasado se dio luz verde para la reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor del año 1996, reforma que se contemplan en los dos anteproyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros.

Una buena noticia para las niñas y los niños, que como toda buena noticia, aunque llegue tarde, bienvenida sea. 

Recordemos que ya hace 18 años que se implantó como una moderna Ley que anunciaba principios y espíritu contemplados en la Convención sobre los Derechos del niño.

Desde el propio Ministerio menciona como base de reforma en su discurso como “algunos problemas surgidos”, “falta de avance en la interpretación y/o aplicación”, “cambios sociales y familiares acontecidos”, y lo dictan como que durante este periodo, dichos factores aconsejaban estos cambios y que a partir de ahora todo quedará arreglado.

A la espera de conocer el texto completo definitivo de los anteproyectos por parte de ADENICAT, hablaremos aquí devarios puntos de interés.

Si bien y pese a que no dejan de ser anteproyectos, Adeni Cataluña queda expectante del trámite, aunque ciertos sectores involucrados en infancia, tanto gubernamentales, como ong’s ya lo presentan como Ley (no entrando a valorar aquí el motivo de esta actitud en el modo de anunciar este trámite), pero confiando en que el resultado colme expectativas y llene plenamente los vacíos en materia de Infancia y Adolescencia en cuanto a eficacia y eficiencia.

Punto 1. El Interés Superior del Niño.

Esté interés se incorpora (ahora) apoyado por las propuestas desde el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y reforzado con el derecho de los menores de edad a ser escuchados entendiendo que pueden mejorar muchas cosas.

Al parecer la definición de “el interés superior” dejará de ser algo indefinido para ser una decisión que se tomará basada en criterios formales y que deberá ser analizado en cada caso, para cada niño.

Esto viene a decir que los niños tienen derecho a ser oídos más y mejor y serán tenidos en cuenta en las decisiones que les afecten.

¿Esto no se estaba contemplando anteriormente?

Pues no y precisamente en Cataluña tenemos la fabulosa Ley del año 2010, a punto de cumplir cuatro años de vida, sobre los derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia, que reúne artículos relativos a los derechos de los niños y concretamente a ser escuchados, pero que se contradicen entre ellos y son contrarios al Estado de Bienestar Social y Derecho actual,  al menos en una primera lectura, pero abre debate jurídico en una segunda lectura:

Así por ejemplo en los siguientes artículos de la mencionada Ley nos encontramos:

Artículo 2.2. A los efectos de la presente ley y de las disposiciones que la desarrollan, se entiende por niño la persona menor de doce años y por adolescente la persona con una edad comprendida entre los doce años y la mayoría de edad establecida por la ley.

Artículo 3.2. Las administraciones públicas deben desarrollar sus actividades de modo que los niños y los adolescentes sean considerados y reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, sin perjuicio de las limitaciones que derivan de la minoría de edad legal.

Artículo 5.1 habla del interés superior del niño o el adolescente y que debe ser el principio inspirador y fundamentado de las actuaciones públicas.

En el punto 4 del mismo dice que para determinar el interés superior del niño o el adolescente deben atenderse sus necesidades y sus derechos, y debe tenerse en cuenta su opinión, sus anhelos y aspiraciones, así como su individualidad dentro del marco familiar y social.

Pero en cambio en el Artículo 7 sobre el Derecho a ser escuchado dice:

1. Los niños y los adolescentes, de acuerdo con sus capacidades evolutivas y con las competencias alcanzadas, y en cualquier caso a partir de los doce años, deben ser escuchados tanto en el ámbito familiar, escolar y social como en los procedimientos administrativos o judiciales en los que se encuentren directamente implicados y que conduzcan a una decisión que afecte a su entorno personal, familiar, social o patrimonial.

2. Los niños y los adolescentes pueden manifestar su opinión por sí mismos o mediante la persona que designen.

Aquí se puede interpretar y así se ha podido contemplar en muchos litigios, que aquellos ciudadanos de pleno derecho, menores de 12 años, que se reconocen como niños por Ley, no se les tiene en cuenta su opinión, cuando ésta podría ser esencial para establecer y garantizar su bienestar y protección.

Incluso citando la Constitución Española, podríamos pasear por su articulación, entre ella, el Artículo 10 sobre Derechos de la persona

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Aquí entra la Convención de los Derechos del Niño, vulnerada y obviada cada día.

Esta oportunidad dada a los niños se expresa en Cataluña como el hecho de hacer posible la apertura de nuevos caminos, de nuevas vías, de establecer medidas concretas para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos reconocidos a los niños por Ley y en las convenciones internacionales.

Pero una vez más nos encontramos con procesos administrativos y judiciales donde los Poderes Públicos no contemplan estas oportunidades, no abren nuevos caminos, no establecen medidas concretas y como resultado no se cumplen con los Derechos reconocidos de los niños y adolescentes.

Debemos recordar que las niñas y los niños son la parte más vulnerables de nuestra sociedad y se sigue olvidando también, que son el futuro de ella.

De los muchos ámbitos que comprende la reforma, destacar una materia más:

Punto 2 El aumento de la protección de los niños víctimas de violencia,

Se contempla desde la obligación de los ciudadanos y las autoridades de denunciar los delitos contra los niños de los que se tenga conocimiento, pasando por el alejamiento de los agresores, y hasta la protección efectiva de los que son víctimas directa o indirectas de la violencia de género.

Ya desde la magnífica Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia de Cataluña se contemplan profundamente esta materia, pero desgraciadamente no se manifiesta al 100% en el día a día, en aquellos procedimientos públicos dónde una niña o un niño son víctimas de violencia, directa o indirectamente.

En Cataluña tenemos el completo Protocolo de actuación entre los Departamentos de Bienestar Social y Familia y el de Enseñanza en materia de Detección, Notificación, Derivación y Coordinación de Situaciones de Maltrato Infantil y Adolescente en el ámbito educativo, firmado en Barcelona el 4 de Junio de 2012, pero que tristemente seguimos encontrando profesionales de éstos ámbitos que no tan solo no lo han leído, si no que desconocen de su existencia.

Indudablemente ante este panorama, el Protocolo es del todo ineficaz y efectivo.

La no utilización de la prueba preconstituida en procesos judiciales, donde encontramos a los niños en los Juzgados en contacto directo con quienes han sido acusados/as de agresiones, la utilización de los puntos de encuentro como lugares de cumplimiento de sentencias.

Un cambio de legislación y/o solapamiento con la Ley de Violencia debería dar herramientas más eficaces a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen como misión y tareas encomendadas la atención a las víctimas, pero actualmente las buenas intenciones y el quehacer diario de nuestras y nuestros policías se encuentran con el ancho muro legislativo; ahí tenemos Unidades Policiales especializadas que se encargan de hacer seguimiento a la víctima pero una nula actuación y/o acción a controlar o realizar un seguimiento al agresor/a.

Quizás un nuevo protocolo de actuación por parte de estas unidades especializadas y utilización de modernos medios electrónicos para garantizar el control de los agresores/as, inclusive cuando están imputados o pesan ya órdenes de alejamiento contribuirían a aumentar y mejorar la efectividad policial y como resultado un aumento de calidad y eficacia en seguridad y protección de las víctimas.

Otro punto que trae la voluntad de reforma es la de aumentar y mejorar la coordinación y de establecer y definir las responsabilidades de las administraciones respecto a la infancia, en temas muy importantes como, la información compartida y en esta y otras materias también está interesada la Asociación para la Defensa de los Derechos de las niñas y los niños de Cataluña, en particular en la materia de los Puntos de Encuentro.

Las visitas establecidas por sentencia judicial se realizan en los Puntos de Encuentro, que llevan años funcionando en algunos casos gestionados por asociaciones privadas en las que los poderes públicos han delegado la coordinación y el seguimiento de estos contactos.

La función de los puntos de encuentro como centros públicos oficiales es de garantizar el derecho de visitas de los Niños y Las Niñas con los progenitores que de acuerdo al Art. 9 de la CDN no puede convertirse en una obligación e informar periódicamente al juzgado acerca de su desarrollo y evolución.

Ante la ausencia de legislación específica, el funcionamiento de estos centros esté siendo arbitrario, desigual y en muchos casos desastroso, tan es así que ya ha merecido estudios e informes contundentes para denunciar las situaciones que en este sentido se están produciendo.

Entre las deficiencias de su actuación destaca principalmente:

– el desconocimiento de la legislatura vigente y/o su incumplimiento,

-la falta de coordinación con los sectores de atención a la infancia, de Salud, Enseñanza y Asuntos Sociales,

-el escaso nivel de formación de las personas que trabajan en los Puntos de Encuentro, en ocasiones muy jóvenes, sin ninguna experiencia profesional y sin la necesaria madurez emocional para intervenir en un contexto sumamente delicado, todo lo cual puede contaminar sus intervenciones.

Se suma una permanente rotación del personal, que podría esconder situaciones de precariedad laboral y que impide al usuario tener un único interlocutor plenamente informado y responsabilizado de su caso.

Muchas veces, los puntos de encuentro no son lugares neutrales que dan cuenta de la situación de los Niños y Las Niñas y de sus manifestaciones, sino que se llega a someter a los Niños y Las Niñas a coacciones, amenazas y acosos semanales, cuando no malos tratos, para dar cumplimiento a los regímenes de visitas y crear o reestablecer los vínculos con el progenitor/a no custodio y/o que está inmerso/a cuando no condenado/a en procedimientos penales , destrozando psicológicamente a los Niños y Las Niñas, y dando lugar a los llamados Niños PDE por la cantidad de atención psicológica, psiquiátrica y pediátrica que necesitan.

Los informes que se emiten desde los puntos de encuentro son incomprensiblemente parciales y sesgados, pues anteponen sistemáticamente la ejecución de la sentencia judicial por encima del bienestar y los derechos del Niño sin contemplar que en realidad son una fase más del procedimiento.

Incurren además en irregularidades administrativas como remitir al juzgado informes que no van firmados por ningún profesional o no emitirlos en el plazo debido.

Su intervención puede prolongarse durante años, cuando inicialmente han sido concebidos como recursos temporales de breve duración.

O por el contrario se dictan sentencias estableciendo Puntos de Encuentro y pasan meses hasta que se inicia el servicio alegando como causa que están saturados.

No se entiende tampoco la inhibición judicial tras la promulgación de la sentencia, momento en que todas las competencias y la responsabilidad sobre el bienestar del Niño y la Niña quedan en manos de los puntos de encuentro, cuando éstos no deberían ser sino meros instrumentos al servicio de la justicia.

¿Realizan los juzgadores un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de sus propias sentencias?

¿Controlan que los informes han de prestar una particular atención a la situación, el estado de ánimo y las manifestaciones de los Niños y Las Niñas?

Todo parece indicar que no siempre, o no en la mayoría de los casos, pues sólo así se explica la interminable prolongación de los procedimientos y la vulneración sistemática del derecho del Niño y la Niña una vez más a ser escuchado que se comete en los puntos de encuentro.

Los puntos de encuentro pueden ser un recurso adecuado en situaciones de pequeñas desavenencias familiares, pero cuando los menores proceden de hogares violentos, cuando los vínculos emocionales se han destruido por completo o no han existido nunca, cualquier intervención está fuera de lugar.

En todo caso, parece sensato exigir que, si existen, su funcionamiento sea regulado de inmediato, que sea supervisado periódicamente por evaluadores independientes de reconocida solvencia que analicen tanto los protocolos de actuación como el éxito, el fracaso, el enfoque o la idoneidad de sus intervenciones, y que los resultados de esta evaluación se hagan públicos, así como que se practiquen sobre ellos auditorias anuales.

Sin perder el ánimo, depositemos confianza en este gran paso para los más pequeños y esperemos un grande y efectivo apoyo político, económico y social para garantizar y hacer real los Derechos de las niñas y los niños de España y en especial de Cataluña.

 

Luis Martínez Gavilán

Presidente de ADENICAT

Asociación para la Defensa de los Derechos de las Niñas y Los Niños de Cataluña.

Nota de Prensa del Ministerio: AQUÍ

 

 

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