RESPUESTA A VUESTRAS PETICIONES SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Hemos recibido numerosos correos electrónicos, solicitándonos el documento sobre la reforma de la Ley de Protección a la Infancia, aprobada por el Consejo de Ministros.

Dejamos aquí tres enlaces que esperamos sean de interés

1º ENLACE – AL DOCUMENTO ANTEPROYECTO APROBADO:

ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

2º ENLACE –  AL INFORME DEL CONSEJO FISCAL  DESDE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO AL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

INFORME DEL CONSEJO FISCAL

3º ENLACE – COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Alfonso Alonso donde explica esta reforma

HABLA EL MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

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” Mi hijo ha ingresado en un Centro de Acogida”

Este artículo viene a abrir una serie de artículos que incluiremos como información hacia las familias que por circunstancias se ven en la obligación de entrar en el Sistema de Protección de Menores.

Intentaremos informar de todo lo posible a fin de orientar y facilitar la labor como familias por el Único Interés Superior del Niño, velando por que sus Derechos no sean Vulnerados.

Si al finalizar su lectura, tiene alguna duda, no dude en enviar un correo electrónico a. adenicatalunya@gmail.com poniendo en el asunto “Centro de Acogida”

INGRESO EN CENTRO DE ACOGIDA PARA ESTUDIO DIAGNOSTICO

Cuando una Niña o Niño, (NOTA: incluiremos en estas definiciones a los Adolescentes y nombraremos en adelante sólo la palabra Niño para refererirnos en su conjunto), ingresa en un centro de acogida, la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña (D.G.A.I.A.)  tiene unos procedimientos y planes de actuación que buscan una buena praxis, siempre, entenderemos, por el Interés Superior del Niño.

En este artículo, que tiene como objetivo informar a las familias y a la infancia que nos lee, nos centraremos exclusivamente en el ingreso en Centro de Acogida para la realización del Estudio y Diagnóstico del Niño.

Palabras Clave: D.G.A.I.A., E.A.I.A. Centro de Acogida, Protección a la Infancia, Derechos, Familia

El Niño que ha de permanecer en un Centro de Acogida, deberá estar el mínimo tiempo posible para poder elaborar el estudio diagnóstico con unas garantías jurídicas y técnicas.

¿Qué es un Centro de Acogida?

Un Centro de Acogida, en adelante CA, es un recurso del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia que dispone de profesionales que pueden elaborar el estudio de la situación del Niño y de su familia, cuando el Niño no puede continuar en el propio domicilio y cuando el propio estudio no puede hacerlo el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (En adelante EAIA), mientras el Niño está en el núcleo familiar.

Elaborar un Estudio evaluativo y con un diagnóstico fundamentado técnica y jurídicamente requiere un cierto tiempo, que puede ser diferente según las situaciones.

El marco normativo en Cataluña establece un tiempo máximo de 3 meses.

Es habitual (casi el denominador común) y por circunstancias que hemos visto repetidas veces, es que los estudios se alargan en el tiempo e incluso que el motivo de alargar el tiempo, sólo es debido a que los Niños ingresados en un CA, están a la espera de otros recurso, como por ejemplo un Centro Residencial de Acción Educativa (En adelante CRAE), una familia de acogida, etc…

Se ha venido observando y así consta, que los Niños (Sobre todo los más pequeños de 0 a 4 años) cuando tienen que permanecer en los CA más tiempo, meses, incluso hasta un año de sus vidas, se produce una involución en su desarrollo.

Por el Interés Superior del Niño , el Sistema de Protección a la Infancia en Cataluña ha de velar para que el proceso de estudio no dure más tiempo de lo que estrictamente sea necesario.

Aún así, se ha de tener en cuenta también que se debe realizar en un tiempo prudente y necesario para evitar errores de diagnóstico.

Vamos a ver qué actividades y tareas tienen los CA

Se recomienda definir los profesionales implicados, qué equipo de diagnóstico y qué equipo educativo se forma. Se fija el tutor de los Niños.

Se buscará que las personas implicadas se ajusten a las necesidades que se estiman que va a tener el Niño y su familia.

El Tutor del Niño forma parte del equipo de diagnóstico.

En horas posteriores al ingreso del Niño, los diferentes equipos se reunirán, donde plantearán la manera de enfocar la situación y se dejará constancia de aquellos acuerdos que realicen.

Lo más pronto posible y como norma, durante los primeros diez días desde el momento del ingreso en CA del Niño, se convocará una reunión sobre el Niño.

En esta reunión han de participar la Dirección del Centro de Acogida, el Equipo Técnico, el tutor y otros referentes si los hubiese (En algunas situaciones del Niño, es necesario incluir otros profesionales y/o correferentes).

Si el Niño presenta en el momento del Ingreso problemas de salud importante, participa en esta reunión el médico del Servicio Territorial de la DGAIA y como recomendación, se invita a participar a los profesionales que hayan trabajado con el Niño, como por ejemplo el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ), Escuela, Servicios Sociales, EAIA, etc.

La responsabilidad de la toma de decisiones sobre la propuesta de medidas recae en el Equipo Técnico.

El Estudio se ha de concluir con una propuesta del recurso que realmente el Niño necesita.

Considerando que puede no haber disponibilidad de recursos suficientes, en la misma propuesta de medidas se ha de incluir una segunda opción de recurso alternativo para minimizar del todo la demora en el tiempo innecesarias.

Uno de las claves más importantes es la implicación del Niño y de la familia en el estudio diagnóstico, teniendo presente el derecho a la información, derecho a la opinión y derecho a la participación, previstos en la legislación vigente.

Además de las comparecencias de la familia como se establece por marco normativo, se recomienda buscar estratégias para implicar y hacer partícipe a la familia y al Niño.

En los casos en los que las familias colaboren, el equipo técnico del centro de acogida debe buscar las estrategias adecuadas a cada situación para favorecer la implicación de los familiares en la elaboración de la propuesta de medida protectora, siempre que sea posible, desde el consenso.

Los profesionales de los centros de acogida deben ser especialmente conscientes de la importancia de optimizar el tiempo que se emplea para hacer los diagnósticos con garantías técnicas y jurídicas; dado el impacto que tiene la nueva situación en el Niño y en la familia, se procurará reducir al máximo posible el número de días de estancia en el centro de acogida.

¡TÚ CALLA!  QUE ERES PEQUEÑO

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.

Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aportó una nueva visión de los niños como sujetos de plenos derechos, que antes no existía. Los derechos de la infancia se basan en cuatro principios fundamentales:

  • La no discriminación: Esto es, que todos los niños tienen los mismos derechos.
  • El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño. 
  • El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. 
  • La participación: los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

La Convención sobre los Derechos del Niño fue elaborada durante una década y durante esos años representantes de diversas sociedades, culturas y religiones aportaron sabiduría y conocimientos que fueron aprobados como un Tratado Internacional.

A lo largo de sus 54 artículos, se reconocen a los niños como individuos de plenos derechos.

También se presenta el documento como un modelo a seguir para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana.

Es la primera Ley internacional sobre los derechos de los niños y es de obligado cumplimiento para todos aquellos Estados que la firmaron. España es uno de ellos y la incumple a diario.

 La Participación del Niño

Un énfasis en los pilares de la Convención sobre los Derechos del Niño, da importante relevancia a presentar al niño como principal protagonista en todos aquellos asuntos que le afectan y dicta que su opinión se tenga en cuenta.

En su artículo 12, desglosado en 2 puntos, la Convención dice que los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez del niño. Así mismo y para reafirmar el espíritu de la Norma se dará, en particular al propio niño, la oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte.

Esta oportunidad de ser escuchado no existe.

En España, la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, contempla la escucha del niño según La Convención sobre los Derechos del Niño; en su párrafo primero de su artículo nº 9 dice.

“El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se realizarán de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar su intimidad.”

En Cataluña, la Ley 14/2010 de 27 de mayo, sobre los Derechos y las Oportunidades de la Infancia y Adolescencia, a través de su artículo nº 7 , Derecho a ser escuchado, dice:

“Los niños y los adolescentes, de acuerdo con sus capacidades evolutivas y con las competencias alcanzadas, y en cualquier caso a partir de los doce años, deben ser escuchados tanto en el ámbito familiar, escolar y social como en los procedimientos administrativos o judiciales en los que se encuentren directamente implicados y que conduzcan a una decisión que afecte a su entorno personal, familiar, social o patrimonial.”

Pero toda esta articulación presenta una gran diferencia de concepto frente a la Convención, cuando no opuesta.

Mientras la Convención pone énfasis y acentúa la importancia del Derecho a ser Oído, en la doctrina jurídica de nuestro país no se contempla, ya que se interpreta el derecho a ser oído, como un trámite más que no se afronta como una obligación, la de asumir en lo posible la posición del niño a ser oído.

Cada día nos encontramos con peticiones formales a la Autoridad Judicial, por parte de las familias y de niños, a través de sus Letrados, de ser escuchados en los procedimientos familiares o de oposición a medidas administrativas y las repuestas ofrecidas coinciden en la mayoría de los procedimientos: negativas a ser escuchados.

En numerosas ocasiones, ni tan siquiera se fundamenta la respuesta negativa, simplemente se contesta con un “No procede”.

Este precepto es meramente formalista, puesto que jurídicamente se pone el foco en una actividad procesal como ésta, sin tomar en consideración que el Niño no es propiamente parte procesal. El niño no tiene abogado ni obviamente le es sencillo personarse en los Juzgados, no está instruido y ni mucho menos informado sobre sus derechos, especialmente en ser escuchado en todo lo que le afecta directamente.

Pero por el contrario en nuestro derecho podemos encontrar ejemplos de una atención más exigente a este deber de escucha del niño, como en el caso de las adopciones; en el que el artículo 177 del Código Civil  establece que el adoptando mayor de doce años debe otorgar su consentimiento ante el juez para que la misma pueda constituirse.

Pero también podemos observar que la línea legislativa favorable a la escucha del menor no es uniforme en nuestro estado de derecho. El mismo Código Civil, en su artículo 92.6, establece para la guardia y custodia, en los casos de nulidad, separación o divorcio, que el juez deberá «oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda».

La capacidad de formarse un juicio propio del niño, no precisa que el propio niño tenga un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del problema planteado, basta con que disponga de una comprensión suficiente del mismo.

Ya en mayo del año 2014, El Defensor del Pueblo de España, Doña Soledad Becerril, presentó un estudio sobre la escucha y el Interés Superior del Menor, que persigue una revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia.

En dicho estudio queda patente de que los Jueces que se ocupan de asuntos de familia donde hay niños, tienen la posibilidad y la herramienta de aliviar la angustia que puedan estar sufriendo los niños, incluso la potestad de investigar y profundizar en las causas de la desorientación y más importancia, estos Jueces tienen el poder de incidir en el futuro de estos niños.

Desde ADENICAT, todo apunta a que en ciertos puntos de la geografía española, algunos juzgados ignoran esto, o simplemente son conocedores de la doctrina, pero no la ejercen.

Especial relevancia tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña, región donde opera ADENICAT, en la cual nos consta que los Juzgados de Familia, Fiscalías y Administración dejan al margen el oír y escuchar a los niños y contemplan el Interés Superior del Niño, como algo abstracto, relevando al propio niño a un mero objeto del procedimiento sin tener en cuenta que es un sujeto de plenos derechos.

Las quejas de las familias y de los propios niños ante el Defensor del Pueblo, Sindic de Greugues y a nuestra asociación sobre este asunto, crecen a diario y se acumulan.

En la mayor parte de los casos presentados, no se han establecido sistemas específicos de garantía frente a la desatención de este derecho a ser escuchado por parte de la Administración ni de Justicia.

No existe un protocolo que facilite al niño recibir toda la información que le permita tomar conciencia de sus derechos y de que es muy importante su participación.

Las respuestas recibidas por parte de la administración, especialmente por los profesionales que están en contacto directo con los niños, en especial aquellos que se encuentran bajo medidas de protección, es que es mejor dejar al margen al propio niño de todo el asunto, por que el estar informado les perjudicaría, doctrina unilateral adoptada sistemáticamente y como norma general.

Esta Información sobre la situación del niño  y expectativas de evolución de la misma, en raras ocasiones está reflejada en los expedientes de protección. En ocasiones faltan elementos importantes, como por ejemplo las actuaciones realizadas por los equipos de Servicios Sociales de base.

En otras ocasiones hay mezcla de documentación, o fallos de coordinación frecuentes, incluso información sesgada

En otras más ni tan siquiera las familias y mucho menos los niños, conocen el procedimiento a seguir para conseguir la información sobre sus situaciones.

Todo esto pone de manifiesto que un niño, con suficiente juicio, que tenga discrepancias o dudas sobre cómo se está llevando su situación o no esté conforme con las medidas de protección acordadas para él, tendrá serias dificultades, cuando no será imposible para él, que pueda plantear tales discrepancias o dudas ante la autoridad judicial.

Tampoco consideramos que deba ser a través de la Administración que ha acordado tales medidas, ya que ésta ha fijado una posición con la que el niño puede no estar de acuerdo.

Como solución, adoptadas como teóricas por los expertos quedarían de la siguiente manera:

Que el niño acceda directamente al juez, sin intermediarios, con un defensor jurídico.

Que el Ministerio Fiscal, además del papel que actualmente tiene reconocido en virtud de la superior vigilancia, asumiera un rol más directo como representante procesal del Niño.

A día de hoy, aún podemos encontrar actuaciones judiciales dónde la fiscalía de menores no actúa y en ocasiones ni tan siquiera se persona.

Y por último, el que se facilite al Niño un abogado de oficio.

Mientras, nos imaginamos la respuesta de aquellos que han de velar por los Derechos de los Niños:

Tú calla, que eres pequeño.

Luis Martínez Gavilán

Fundador y Presidente de ADENICAT

Referencias y Bibliografía:

Sindic de Greugues

Defensor del Pueblo. Estudio sobre la escucha y el Interés Superior del Menor. Mayo de 2014. http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/menores_justicia_2014.pdf

ADENICAT, Estudio sobre motivos de quejas recibidas.

Art. 23 del Reglamento 2201/2003 del Consejo de la Unión Europea, de 27 de noviembre de 2003

Circular de la Fiscalía General del Estado 8/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores

Instrucción 1/2009, de 27 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre la organización de los Servicios de Protección de las Secciones de Menores.

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Guía del Mecanismo de denuncias.

Guía sobre el Mecanismo de denuncias de la Convención de Derechos del Niño (CDN).

Esta Guía ha sido publicada por CRIN, una red global de defensa de los derechos de los niños.

QUÉ es el mecanismo de denuncias de la CDN?
¿DÓNDE se atienden las denuncias?
¿QUIÉN puede presentar una denuncia?
¿CUÁNDO se puede presentar una denuncia?
¿CÓMO se examinan las denuncias?
¿POR QUÉ se debe presentar una denuncia?

Para encontrar las respuestas aquí dejamos la Guía en español:
http://www.crin.org/docs/OP3_FINAL_ESP.docx
Fuente:
http://www.crin.org/es

Si tenéis alguna duda, podéis enviar la consulta a nuestro correo electrónico:

adenicatalunya@gmail.com

INFANCIA ¿OBJETIVO ALCANZADO?

INFANCIA

¿OBJETIVO ALCANZADO?

Palabras clave: Infancia, Derechos, Familia, Servicios Sociales

A punto de cumplirse cinco años desde que se publicó la Ley sobre los Derechos y Oportunidades de la Infancia y Adolescencia de Cataluña, la Ley 14/2010 de 27 de mayo, el Departamento de Bienestar Social y Familia de Cataluña, con su Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencias, la D.G.A.I.A., continúan ambos departamentos mencionando esta Ley como algo novedoso y año tras año, se siguen publicando nuevos protocolos y normas sobre actuaciones a realizar ante niños y niñas y adolescentes, que podrían o están, en riesgo y/o desamparo.

Estos documentos no dejan de ser reiterativos, pues cambian sólo en forma y formato respecto a anteriores documentos, pero nada nuevo aportan a los ya existentes.

Uno de los objetivos prioritarios que se buscaban con la creación de la mencionada Ley, era el destinado a regular la protección de los niños y los adolescentes cuando los mecanismos sociales de prevención no han sido suficientes y se han producido situaciones de riesgo o de desamparo, que había que paliar con las medidas necesarias de intervención pública, para garantizar que estas situaciones no se traduzcan en perjuicios irreparables para el niño o el adolescente.

Es curioso y aquí se demuestra que el sistema viene cargado de grietas, cuando uno de los objetivos prioritarios es actuar, dando ya por sentado que los mecanismos sociales de prevención van a ser insuficientes.

Quiero recordar aquí que el mencionado Departamento de Bienestar Social y Familia tiene como prioritario, en sus ejes de actuación y razón de ser, el promover la prevención y la protección ante las situaciones de riesgo en que se puedan encontrar los colectivos más vulnerables, con especial atención a la infancia.

Prevención es la medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa.

Dicho esto, queda constatado que el Departamento de Bienestar Social y Familia de Cataluña no dispone, no alcanza, no tiene capacidad y no actúa, incumpliendo con lo estipulado en el Plan de Gobierno 2013 – 2016, ya que en muchas ocasiones, cuando numerosas familias con niños y/o niñas o adolescentes acuden a los Servicios Sociales en busca de ayuda ante indicios de que “algo puede estar ocurriendo” o “algo ya ha ocurrido”, se encuentran por un lado con respuestas o actuaciones insuficientes y por otro simplemente no hay respuesta.

En ocasiones cuando se recibe la respuesta, ésta es tardía y las situaciones han cambiado, resultando en la totalidad de las veces, que las circunstancias han empeorado con un aumento del Riesgo.

Volviendo a la prevención, las aspiraciones colectivas en el contexto europeo han consolidado e, incluso, incrementado el deseo de conseguir más bienestar y una vida más saludable y de más calidad para toda la población, niños y adolescentes incluidos.

Desde Europa se siguen inundando los despachos de los Estados miembros con recomendaciones y directrices, que en algunas ocasiones, ante la negligencia o la falta de actuación de algunos Estados sobre estas recomendaciones, originan condenas sobre estos Estados.

España es uno de ellos.

En este sentido, el concepto de prevención tiene una importancia clave, entendido como el conjunto de actuaciones sociales anticipatorias destinadas a evitar las situaciones no deseadas y a favorecer las situaciones favorables.

Las ciencias humanas y sociales han ido progresando en el conocimiento de los llamados indicadores de riesgo, que son datos que nos muestran que hay probabilidades de que las situaciones se conviertan en perjudiciales para las personas implicadas.

¿Se contemplan estos indicadores de riesgo?

Todo apunta a que no es así en algunas ocasiones.

Los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia, que están  distribuidos por todo el territorio de Cataluña, reciben los casos en situación de desamparo o en riesgo  que detectan los servicios sociales básicos, las instancias judiciales o policiales o la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

Hacen el diagnóstico, la valoración de los niños y de su entorno socio familiar, y proponen las medidas más adecuadas para cada caso.

Son los responsables de coordinar los otros equipos y servicios de su territorio que también intervengan en la atención a los niños en desamparo, así como dar asesoramiento a los servicios sociales básicos de atención social.

Dicho así, entendemos que el 100% de las situaciones de riesgo que sufren las niñas y los niños y adolescentes de Catalunya, son coordinados, intervenidos y asesorados efectivamente y eficazmente por los mencionados EAIA, cuando a pie de calle esto no se acerca lo más mínimo a la realidad.

Fallos de coordinación entre los distintos servicios que actúan, demora excesiva en la respuestas administrativas, largas listas de espera ante los Servicios Sociales y en ocasiones son éstos mismos servicios los que denuncian que están saturados o no disponen de herramientas ni infraestructura suficiente para dar una respuesta eficaz y eficiente a la sociedad afectada.

Obviamente éstas y más situaciones totalmente ajenas y que eximen de responsabilidad a las Familias que tienen a su cargo niñas y/o niños o adolescentes que podrían encontrarse en riesgo o Desamparo, hacen que dichos factores negativos en el bienestar de los más vulnerables se vean aumentados exponencialmente.

Las sociedades occidentales han avanzado bastante en el desarrollo de actuaciones para disminuir las probabilidades de acontecimientos negativos cuando existe concentración de factores de riesgo, y las actuaciones sociales dirigidas a la población infantil y adolescente no pueden quedar excluidas de unas políticas sociales preventivas y de promoción de la salud y del bienestar, tanto de las dirigidas a amplios conjuntos de población de forma genérica, como de las destinadas a atender casos concretos, de modo personalizado.

Especialmente, son necesarias actuaciones públicas intensivas e integrales de prevención y promoción en los entornos territoriales en los que tienden a concentrarse en mayor medida las desigualdades sociales, la pobreza y las distintas formas de exclusión económica, cultural y comunitaria: los indicadores de riesgo se concentran en estas zonas en las que el entorno de los niños y los adolescentes tiene un efecto multiplicador del riesgo.

Debo mencionar aquí, por la importancia que tienen, algunos de los conceptos utilizados por la mencionada ley de Derechos de los niños en Cataluña, más allá de la estricta definición jurídica, que se utilizan repetidamente los conceptos de promoción, prevención, atención, protección y participación del niño y el adolescente.

Es por ello que haré mención individual a estos conceptos:

La promoción es el conjunto de actuaciones sociales que se desarrollan «aunque nada vaya evidentemente mal», porque obedecen a objetivos de mejora social y responden a anhelos o aspiraciones colectivos, particularmente a los de un bienestar personal y social mayor.

La prevención es el conjunto de actuaciones sociales destinadas a preservar al niño o al adolescente de las situaciones que son perjudiciales para su sano desarrollo integral o para su bienestar.

La atención es el conjunto de actuaciones sociales para «cuando las cosas empiezan a ir mal» o para cuando solo van «un poco mal» y existe la probabilidad, y no la certeza, de que el desarrollo integral del niño o el adolescente puede resultar afectado negativamente. La consecuencia jurídica de estos casos es la declaración de riesgo.

La protección es el conjunto de actuaciones sociales reservadas para «cuando las cosas van mal», cuando el desarrollo integral del niño o el adolescente parece claro que resulta seriamente afectado, a la vista de los conocimientos científicos actuales. Una de sus consecuencias jurídicas es la declaración de desamparo.

El concepto de participación del niño o el adolescente en todo lo que le afecta es lo que configurará su estatus de ciudadano o ciudadana.

¿Realmente se contemplan estas definiciones ante la Infancia?

La misma Ley dicta que es del todo inimaginable el diseño de políticas públicas en cualquier ámbito elaborado a espaldas de los ciudadanos afectados.

Como última instancia la Ley persigue evitar el tener que recurrir a la declaración de situaciones de desamparo.

Esto no es así, pues como medida prioritaria de la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia, la D.G.A.I.A. es activar primero el desamparo y posteriormente ya se verá.

Exactamente todo lo contrario a lo escrito en normas importantes como la Convención de los Derecho del Niño, la Ley 14/2010 de 27 de Mayo o en recomendaciones tanto del Defensor del Pueblo, Sindic de Greugues o el Comité de Derechos de la Infancia, así como distintas asociaciones involucradas en la Infancia y Adolescencia.

Otro concepto incumplido sistemáticamente, es el hecho de que un riesgo en la infancia no finaliza con una declaración formal de riesgo. Toda la actuación de los servicios sociales que se dirige a valorar y proponer las medidas que permitan disminuir o eliminar la situación de riesgo, se ha de realizar mediante la colaboración de los progenitores. Esto desgraciadamente, no es así.

Se opta por poner el acento en el trabajo y la bondad de las medidas que hay que proponer, pero demostrado que esto no se alcanza satisfactoriamente, aparece  la ejecución forzosa derivada de un acto unilateral de la Administración para las situaciones más graves, algunas de ellas antes leves, pero agravadas por actuaciones o inexistentes y tardías intervenciones de la misma Administración a lo que ella misma solucionan con decretar un desamparo.

¿Estamos ante una puerta de emergencia que posee la propia Administración para evadir sus propios errores?

Todo apunta al famoso refrán de que la costumbre se hace norma.

De una u otra manera de enfocar el problema, todo conlleva a que lejos de cumplir con la Norma y de trabajar con un espíritu claro y definido sobre los Derechos y Oportunidades de la Infancia, todavía existen en Cataluña actos de mala praxis, trato inhumano, desidia e ignorancia inexcusable por parte de los Poderes Públicos y especialmente de aquellos servicios que interactúan directamente con la parte más vulnerable y de plenos derechos de nuestra sociedad: La Infancia.

Debemos trabajar para erradicar estos factores y la única manera de hacerlo es denunciando cualquier irregularidad que no se ajuste a lo estipulado por Ley, actos que conllevan la vulneración de los derechos de la infancia.

Barcelona, 2 de febrero de 2015

Luis Martínez Gavilán

Fundador y Presidente de ADENICAT

La ONU condena a España por no proteger a una niña a quien mató su padre

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado a España por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación.

NOTICIA COMPLETA. AQUÍ

El maltratador/a podrá visitar a sus hijos de forma excepcional

El Ministerio de Justicia maneja un borrador del anteproyecto de ley de custodia compartida, presentado el pasado 16 de enero a 58 asociaciones, que así lo prevé y que obvia un contundente varapalo de la ONU del pasado agosto. Naciones Unidas condenó a España por no proteger a Ángela González, víctima de violencia de género y su hija Andrea, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en uno de los encuentros pautados en el régimen de separación.

Noticias en los medios: Fuente: El País