INFANCIA ¿OBJETIVO ALCANZADO?

INFANCIA

¿OBJETIVO ALCANZADO?

Palabras clave: Infancia, Derechos, Familia, Servicios Sociales

A punto de cumplirse cinco años desde que se publicó la Ley sobre los Derechos y Oportunidades de la Infancia y Adolescencia de Cataluña, la Ley 14/2010 de 27 de mayo, el Departamento de Bienestar Social y Familia de Cataluña, con su Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencias, la D.G.A.I.A., continúan ambos departamentos mencionando esta Ley como algo novedoso y año tras año, se siguen publicando nuevos protocolos y normas sobre actuaciones a realizar ante niños y niñas y adolescentes, que podrían o están, en riesgo y/o desamparo.

Estos documentos no dejan de ser reiterativos, pues cambian sólo en forma y formato respecto a anteriores documentos, pero nada nuevo aportan a los ya existentes.

Uno de los objetivos prioritarios que se buscaban con la creación de la mencionada Ley, era el destinado a regular la protección de los niños y los adolescentes cuando los mecanismos sociales de prevención no han sido suficientes y se han producido situaciones de riesgo o de desamparo, que había que paliar con las medidas necesarias de intervención pública, para garantizar que estas situaciones no se traduzcan en perjuicios irreparables para el niño o el adolescente.

Es curioso y aquí se demuestra que el sistema viene cargado de grietas, cuando uno de los objetivos prioritarios es actuar, dando ya por sentado que los mecanismos sociales de prevención van a ser insuficientes.

Quiero recordar aquí que el mencionado Departamento de Bienestar Social y Familia tiene como prioritario, en sus ejes de actuación y razón de ser, el promover la prevención y la protección ante las situaciones de riesgo en que se puedan encontrar los colectivos más vulnerables, con especial atención a la infancia.

Prevención es la medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa.

Dicho esto, queda constatado que el Departamento de Bienestar Social y Familia de Cataluña no dispone, no alcanza, no tiene capacidad y no actúa, incumpliendo con lo estipulado en el Plan de Gobierno 2013 – 2016, ya que en muchas ocasiones, cuando numerosas familias con niños y/o niñas o adolescentes acuden a los Servicios Sociales en busca de ayuda ante indicios de que “algo puede estar ocurriendo” o “algo ya ha ocurrido”, se encuentran por un lado con respuestas o actuaciones insuficientes y por otro simplemente no hay respuesta.

En ocasiones cuando se recibe la respuesta, ésta es tardía y las situaciones han cambiado, resultando en la totalidad de las veces, que las circunstancias han empeorado con un aumento del Riesgo.

Volviendo a la prevención, las aspiraciones colectivas en el contexto europeo han consolidado e, incluso, incrementado el deseo de conseguir más bienestar y una vida más saludable y de más calidad para toda la población, niños y adolescentes incluidos.

Desde Europa se siguen inundando los despachos de los Estados miembros con recomendaciones y directrices, que en algunas ocasiones, ante la negligencia o la falta de actuación de algunos Estados sobre estas recomendaciones, originan condenas sobre estos Estados.

España es uno de ellos.

En este sentido, el concepto de prevención tiene una importancia clave, entendido como el conjunto de actuaciones sociales anticipatorias destinadas a evitar las situaciones no deseadas y a favorecer las situaciones favorables.

Las ciencias humanas y sociales han ido progresando en el conocimiento de los llamados indicadores de riesgo, que son datos que nos muestran que hay probabilidades de que las situaciones se conviertan en perjudiciales para las personas implicadas.

¿Se contemplan estos indicadores de riesgo?

Todo apunta a que no es así en algunas ocasiones.

Los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia, que están  distribuidos por todo el territorio de Cataluña, reciben los casos en situación de desamparo o en riesgo  que detectan los servicios sociales básicos, las instancias judiciales o policiales o la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

Hacen el diagnóstico, la valoración de los niños y de su entorno socio familiar, y proponen las medidas más adecuadas para cada caso.

Son los responsables de coordinar los otros equipos y servicios de su territorio que también intervengan en la atención a los niños en desamparo, así como dar asesoramiento a los servicios sociales básicos de atención social.

Dicho así, entendemos que el 100% de las situaciones de riesgo que sufren las niñas y los niños y adolescentes de Catalunya, son coordinados, intervenidos y asesorados efectivamente y eficazmente por los mencionados EAIA, cuando a pie de calle esto no se acerca lo más mínimo a la realidad.

Fallos de coordinación entre los distintos servicios que actúan, demora excesiva en la respuestas administrativas, largas listas de espera ante los Servicios Sociales y en ocasiones son éstos mismos servicios los que denuncian que están saturados o no disponen de herramientas ni infraestructura suficiente para dar una respuesta eficaz y eficiente a la sociedad afectada.

Obviamente éstas y más situaciones totalmente ajenas y que eximen de responsabilidad a las Familias que tienen a su cargo niñas y/o niños o adolescentes que podrían encontrarse en riesgo o Desamparo, hacen que dichos factores negativos en el bienestar de los más vulnerables se vean aumentados exponencialmente.

Las sociedades occidentales han avanzado bastante en el desarrollo de actuaciones para disminuir las probabilidades de acontecimientos negativos cuando existe concentración de factores de riesgo, y las actuaciones sociales dirigidas a la población infantil y adolescente no pueden quedar excluidas de unas políticas sociales preventivas y de promoción de la salud y del bienestar, tanto de las dirigidas a amplios conjuntos de población de forma genérica, como de las destinadas a atender casos concretos, de modo personalizado.

Especialmente, son necesarias actuaciones públicas intensivas e integrales de prevención y promoción en los entornos territoriales en los que tienden a concentrarse en mayor medida las desigualdades sociales, la pobreza y las distintas formas de exclusión económica, cultural y comunitaria: los indicadores de riesgo se concentran en estas zonas en las que el entorno de los niños y los adolescentes tiene un efecto multiplicador del riesgo.

Debo mencionar aquí, por la importancia que tienen, algunos de los conceptos utilizados por la mencionada ley de Derechos de los niños en Cataluña, más allá de la estricta definición jurídica, que se utilizan repetidamente los conceptos de promoción, prevención, atención, protección y participación del niño y el adolescente.

Es por ello que haré mención individual a estos conceptos:

La promoción es el conjunto de actuaciones sociales que se desarrollan «aunque nada vaya evidentemente mal», porque obedecen a objetivos de mejora social y responden a anhelos o aspiraciones colectivos, particularmente a los de un bienestar personal y social mayor.

La prevención es el conjunto de actuaciones sociales destinadas a preservar al niño o al adolescente de las situaciones que son perjudiciales para su sano desarrollo integral o para su bienestar.

La atención es el conjunto de actuaciones sociales para «cuando las cosas empiezan a ir mal» o para cuando solo van «un poco mal» y existe la probabilidad, y no la certeza, de que el desarrollo integral del niño o el adolescente puede resultar afectado negativamente. La consecuencia jurídica de estos casos es la declaración de riesgo.

La protección es el conjunto de actuaciones sociales reservadas para «cuando las cosas van mal», cuando el desarrollo integral del niño o el adolescente parece claro que resulta seriamente afectado, a la vista de los conocimientos científicos actuales. Una de sus consecuencias jurídicas es la declaración de desamparo.

El concepto de participación del niño o el adolescente en todo lo que le afecta es lo que configurará su estatus de ciudadano o ciudadana.

¿Realmente se contemplan estas definiciones ante la Infancia?

La misma Ley dicta que es del todo inimaginable el diseño de políticas públicas en cualquier ámbito elaborado a espaldas de los ciudadanos afectados.

Como última instancia la Ley persigue evitar el tener que recurrir a la declaración de situaciones de desamparo.

Esto no es así, pues como medida prioritaria de la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia, la D.G.A.I.A. es activar primero el desamparo y posteriormente ya se verá.

Exactamente todo lo contrario a lo escrito en normas importantes como la Convención de los Derecho del Niño, la Ley 14/2010 de 27 de Mayo o en recomendaciones tanto del Defensor del Pueblo, Sindic de Greugues o el Comité de Derechos de la Infancia, así como distintas asociaciones involucradas en la Infancia y Adolescencia.

Otro concepto incumplido sistemáticamente, es el hecho de que un riesgo en la infancia no finaliza con una declaración formal de riesgo. Toda la actuación de los servicios sociales que se dirige a valorar y proponer las medidas que permitan disminuir o eliminar la situación de riesgo, se ha de realizar mediante la colaboración de los progenitores. Esto desgraciadamente, no es así.

Se opta por poner el acento en el trabajo y la bondad de las medidas que hay que proponer, pero demostrado que esto no se alcanza satisfactoriamente, aparece  la ejecución forzosa derivada de un acto unilateral de la Administración para las situaciones más graves, algunas de ellas antes leves, pero agravadas por actuaciones o inexistentes y tardías intervenciones de la misma Administración a lo que ella misma solucionan con decretar un desamparo.

¿Estamos ante una puerta de emergencia que posee la propia Administración para evadir sus propios errores?

Todo apunta al famoso refrán de que la costumbre se hace norma.

De una u otra manera de enfocar el problema, todo conlleva a que lejos de cumplir con la Norma y de trabajar con un espíritu claro y definido sobre los Derechos y Oportunidades de la Infancia, todavía existen en Cataluña actos de mala praxis, trato inhumano, desidia e ignorancia inexcusable por parte de los Poderes Públicos y especialmente de aquellos servicios que interactúan directamente con la parte más vulnerable y de plenos derechos de nuestra sociedad: La Infancia.

Debemos trabajar para erradicar estos factores y la única manera de hacerlo es denunciando cualquier irregularidad que no se ajuste a lo estipulado por Ley, actos que conllevan la vulneración de los derechos de la infancia.

Barcelona, 2 de febrero de 2015

Luis Martínez Gavilán

Fundador y Presidente de ADENICAT

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s