MENSAJE DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En época de campañas electorales, dónde se despliegan todos los esfuerzos por parte de los partidos políticos a la venta de votos, con sus representantes a la cabeza, no hemos escuchado las palabras Infancia, Niñez, Adolescencia, dentro de proyectos de carácter prioritario e importantes.

No hemos visto una postura firme por parte de los Poderes Públicos a escuchar tanto a jóvenes adolescentes como a niñas y niños.

La opinión de ellos es muy importante y aquí la transmitimos:

Potenciar las ideas y anhelos de los jóvenes y ayuda económica para sus proyectos es invertir en el futuro de una sociedad próspera.

Dejar en ellos, la labor de gestionar el Plan Integral en Juventud sería un acierto.

Una representación juvenil en los plenos del Ayuntamiento, acercaría el Poder al colectivo más vulnerable.

En todas las campañas electorales no se ha pensado en los niños, niñas y adolescentes como sujetos de plenos derechos acercándolos al primer plano.

Sólo se centra el esfuerzo en la sociedad con derecho a voto.

Con esto no se garantiza la participación infantil en todas aquellas decisiones que les afectan, esto es contrario al espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Volvemos a recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, como la primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados firmantes, algo que en España y especialmente en Cataluña no se contempla.

No se potencia la creación de estructuras adaptadas y estables de participación infantil, como consejos, foros y asociaciones de la niñez.

No se observan temas que la infancia pide a gritos y que repercuten en las niñas, niños y adolescentes directamente y al mismo nivel en las familias:

Reducir las tareas escolares, más salidas del aula de carácter educativo. Modernización de las metodologías de enseñanza. Comedor gratuito. Más actividades deportivas y creativas. Libros gratuitos para todos. Creación de una asignatura sobre la información de los derechos de la Infancia.

Proteger especialmente a las familias con niños y niñas frente a los desahucios dentro del marco general de protección del derecho a la vivienda.

Garantizar y asegurar que las becas de comedor sean suficientes en cuantía y cobertura, garantizando una comida saludable y un espacio educativo en dicho horario.

Gratuidad en el transporte público municipal para menores de 14 años.

Desgravación del IRPF por hijo o hija a cargo reembolsable como subsidio para las familias con menos ingresos que no hacen la declaración de la renta.

Reforzar programas eficaces y eficientes de apoyo a la autonomía personal de adolescentes y jóvenes cuando salen del sistema de protección y justicia juvenil a los 18 años, ayudando a su emancipación con itinerarios de formación e inserción laboral.

Destinar incentivos fiscales para empresas que contraten a jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

En caso de proponer la medida de desamparo a un grupo de hermanos, evitar la separación de los mismos.

Garantizar la calidad de los servicios de protección, apostando por prestaciones mínimas a la hora de establecer precios, plazas y licitaciones.

Con el objetivo de proteger y prevenir a los niños y niñas frente a la violencia, revisar los sistemas de prevención, protección y protocolos de actuación, en la actualidad, en Cataluña inoperantes, ineficaces y deficientes.

Un Plan de desarrollo y reconocimiento a la especialidad de Psiquiatría Infantil y Juvenil.

Una mayor dotación de especialistas en Pediatría, acabar con las salas de espera de estos profesionales masificadas.

Garantizar el acceso a la sanidad de la Infancia en estrictas condiciones de igualdad, prestando especial atención a niños, niñas y adolescentes migrantes.

Creación y desarrollo de un marco normativo con un protocolo para que los profesores ayuden, escuchen y hagan más caso a los niños.

Las instituciones deben comprometerse a escuchar las opiniones de los niños y niñas en todo aquello que les afecta, estableciendo canales estables de participación infantil. Las políticas de Infancia deben apostar por la prevención con medidas más eficientes que reduzcan los problemas que enfrenta la Infancia, así como el fortalecimiento de las políticas de protección. La política social ha sufrido notables recortes desde el inicio de la crisis, debilitando la protección de los niños y niñas.

Es urgente abordar la situación de la Infancia, el colectivo especialmente más vulnerable de nuestra sociedad y que ha sufrido duramente los efectos de la crisis con motivo de la debilidad de las políticas sociales, de austeridad y el desempleo.

Esto aquí redactado lo han transmitido las niñas, niños y adolescentes de nuestra sociedad.

Escuchen y actúen.

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UNA PEQUEÑA ANÉCDOTA DE NUESTRO FUNDADOR Y PRESIDENTE

El jueves 23 de abril, estaba estacionando el vehículo para realizar unas gestiones en la Avenida Augusta de la ciudad de Barcelona. Justo antes de salir, se me acercó un joven pidiéndome unos minutos para escuchar su historia. Accedí.

El joven en cuestión, llevaba en la mano una carpeta de plástico con varios documentos, que después pude comprobar que eran requisitos necesarios para sus gestiones.
Accedí a escucharlo y en cinco minutos me explicó que venía de acudir a los Servicios Sociales Básicos para solicitar una ayuda económica para su hija recién nacida, ya que tanto su esposa como él están actualmente en desempleo.
Al llegar al momento de explicarme la contestación de los Servicios Sociales Básicos, comenzó a llorar.
No entendía ¿Por qué? la asistenta social le decía que se esperase unos meses a solicitar la ayuda, pese a que en esa carpeta, reunía todos los requisitos para solicitar una ayuda.
Así mismo los Servicios Sociales le dijeron que iban a realizar un estudio de su situación.
Después de escuchar la historia, le pedí unos datos de contacto y y le dí mi número de teléfono personal.
El próximo día jueves 30 de abril, acompañaré al señor Isidro a la Asistenta Social y le haré a ésta profesional algunas preguntas, como por ejemplo:

¿Por qué desde la página web del Departamento de Bienestar Social y Familia, se puede gestionar la petición de una ayuda,  cada día del año, sin termino de fecha, por Ley?
¿Por qué no ha querido recoger la documentación y los requisitos de tramitación de una ayuda para la hija de Isidro?
¿En qué fundamento basa posponer la recogida de la documentación a unos meses y la manifestación de que hay que hacer un estudio?
Indudablemente con sus respuestas, acudiré a la Consejera de Bienestar Social y Familia, Señora Neus Munté y le preguntaré por las actuaciones y manifestaciones de los profesionales de estos Servicios Sociales Básicos y su opinión.

Luis Martínez Gavilán
Fundador y Presidente de ADENICAT
adenicatalunya.presidencia@gmail.com
Teléfono de Contacto +34 649 311 236

El papel del Fiscal de Menores en Procedimientos Administrativos y Judiciales con Niños.

En la Memoria del Ministerio Fiscal presentada en el año 2013 dice lo siguiente:

La coordinación de las Entidades Públicas (D.G.A.I.A. en Cataluña) con la Fiscalía para consensuar estrategias y superar divergencias y la inexistencia de equipos técnicos independientes a disposición del Fiscal de Protección explican que sea muy escaso el número total de impugnaciones formuladas por el Fiscal.

10 impugnaciones por parte del Fiscal de Menores

1.450 impugnaciones presentadas por parte de particulares (Familias)

(Datos de 2012)

Rara vez discrepa o está en contra el Fiscal de Menores del criterio administrativo sobre la necesidad de separación de un niño de sus padres.

Para comprender cómo se concibe la actuación del Ministerio Fiscal en este ámbito hay que reparar en el contenido del párrafo primero del artículo 174.2 del Código Civil, que establece que se comunicará al fiscal «la noticia de nuevos ingresos» en el sistema de protección; las resoluciones administrativas y «los escritos de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos»; así como cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor.

Miembros del Ministerio Fiscal coinciden en que la norma citada hace pensar que existe un sistema de control de legalidad, pero esto no es así.

Fiscalía no tiene por lo general medios técnicos propios para poder supervisar la situación sociofamiliar que se halla en el origen del conflicto, ni las intervenciones desplegadas por los servicios de protección.

El Fiscal no tiene conocimiento de lo que le ocurre a un niño en estas situaciones.

Tampoco hace absolutamente nada por enterarse.

Al Fiscal de Menores sólo le llega una resolución de desamparo o de una medida de protección de otra naturaleza acordada por la autoridad administrativa (D.G.A.I.A. en Cataluña)  y no el expediente completo del menor.

El control que primariamente cabe hacer en estas circunstancias versa sobre la suficiencia de la motivación.

La Circular de la Fiscalía General del Estado 8/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores, llama la atención sobre la posibilidad de que sea el propio Ministerio Fiscal el que impulse la actividad protectora de las entidades públicas, comunicando cualquier situación de eventual riesgo y actuando frente a la inactividad administrativa.

En este marco se prevé que la fiscalía exija la notificación tanto de las resoluciones en las que se adopten medidas de protección como aquellas otras en que se denieguen las medidas interesadas.

Nos consta en ADENICAT, que la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Barcelona no lo hace.

En el año 2013, un padre acudió a un Fiscal de Menores de la Audiencia Provincial de Barcelona, concretamente a la Sección F, aportando 2000 folios de actuaciones de la D.G.A.I.A.

Entre esta cantidad escandalosa de folios, figuraba un estudio de unos niños, dónde un equipo dependiente de la D.G.A.I.A concluía que existía maltrato infantil.

La Fiscal a cargo, un año después, se reunió con el padre, reunión que solicitó en diversas ocasiones el padre  y en la cual la Fiscal responsable manifestó:

“Aún no he visto el expediente, es que son muchos documentos”

A fecha de hoy, la Fiscal de Menores no ha realizado acción alguna.

El hecho de que a la Fiscalía de Menores sólo le lleguen resoluciones y no el expediente completo, implica una carencia de principio respecto del conocimiento completo del problema.

Y cuando por cualquier otro medio, le llega, no hace nada.

Se entiende por maltrato institucional a cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia. (Martínez Roig, 1989)

Fuentes:      Defensor del Pueblo memoria mayo 2014.

Fiscal General del Estado. Sala coordinadora de Menores. Circular 8/2011

Nuestro Pésame

Desde ADENICAT queremos dar nuestro pésame a la familia del profesor muerto y expresar nuestra solidaridad al profesorado del Instituto.
También queremos expresar nuestro cariño y preocupación a los alumnos del instituto afectado y también nos acordamos de los padres del adolescente agresor, que de seguro, estarán pasando también por un momento amargo.
Declaramos nuestra más profunda repulsa a la postura de la Consejera de Educación de Cataluña la Señora Irene Rigau y la Directora de la Dirección de Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña (D.G.A.I.A.), Mercè Santmartí, en especial a sus declaraciones en el asunto.
La primera, porque no pierde el tiempo en acaparar rápidamente los Mass Media para soltar la etiqueta “Brote psicótico” al mismo tiempo que el adolescente todavía estaba siendo atendido en el Hospital y el equipo de facultativos que lo atendía aún no había presentado un diagnóstico médico definitivo. No contenta con ello, es entrevistada horas después en el Telenoticias de la Cadena televisiva TV3 y a la pregunta del presentador:
“¿Hay alguna manera de detectar algún problema, alguna cuestión que haga pensar que esto puede acabar desarrollando una tragedia cómo esta?
No sólo no contesta a la pregunta, si no que declara:
“Por una parte, ahora estamos todos pendientes de la valoración que se hará, cuando se haya hecho la valoración de este alumno”
Cuando el mismo presentador termina la entrevista preguntándole:
¿Qué mensaje daría a la Comunidad? Ella, en un claro ejemplo de soberbia responde:
“Revalidar el compromiso con la educación, la pieza clave del sistema que hoy está profundamente afectada, es la relación profesor-alumno”. Y reafirma su mala gestión cargada de ignorancia inexcusable con un:
“Que contradictorio el hecho, por que el profesor fallecido dijo días antes que estaba muy contento del buen ambiente escolar que le había tocado”.
Respecto a las primeras declaraciones de la señora Mercè Sanmartí, que pese a no tener ninguna formación en Infancia, es la actual Directora de D.G.A.I.A., cita que si las capacidades parentales están bien, no tiene nada que ver el hecho.
¿Quiere decir con esto la Directora de la D.G.A.I.A. que si las capacidades parentales están mal, existe el riesgo de estas tragedias? Seguidamente pronuncia que el trabajo a realizar con el adolescente es el de (citamos textualmente):
“Reparar a este adolescente para que en un futuro no vuelva a cometer este delito”.
Desde ADENICAT queremos manifestar que este hecho, esta tragedia, también es resultado demostrativo de que el sistema ha fallado, compartiendo y uniéndonos a la opinión de otros, como Jueces o la Adjunta a la Infancia del Síndic de Greugues, la cual declaró que para ciertos hechos con niños o adolescentes “hay algo que no está funcionando bien”.
Y en parte, consideramos un factor clave del mal funcionamiento del Sistema en Infancia y Adolescencia en Cataluña, por un lado la falta de protocolos de actuación y para los existentes, la nula observación de estos. Por extensión, a personas como la Consejera de Educación o la Directora de D.G.A.I.A., entre otras, que con sus desidias e ignorancias inexcusables, no garantizan el Bienestar de la Infancia en Cataluña y por extensión vulneran los derechos y las Oportunidades de la Infancia en Cataluña.

D.G.A.I.A. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CATALUÑA. ¿PROTEGE ó DESPROTEGE?

Cuando nombrar las siglas de un organismo provoca verdadero miedo en madres y padres, nos hace pensar que algo no funciona bien en el sistema de protección a la Infancia de Cataluña.

Testimonios, procedimientos y situaciones actuales que hemos recibido y que desde aquí nos crea verdadera preocupación.

En ocasiones, estas experiencias han sido verdaderamente traumáticas, dolorosas y las consecuencias en los niños, en ocasiones, aún no han sido evaluadas.

Todo apunta a que este organismo está efectuando una mala praxis para la que fue creado en un principio, sobrepasa en numerosas ocasiones la legalidad vigente, vulnera, en ocasiones de una manera muy grave, los Derechos de la Infancia, los Derechos de las familias y por resultado de todo, los Derechos Fundamentales Humanos.

Pero antes de llegar a esto, vamos a explicar a fondo el asunto.

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN CATALUÑA

Las siglas D.G.A.I.A. que significan Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia, dependiente del Departamento de Bienestar Social y Familia de Cataluña, corresponden al departamento administrativo encargado de  planificar las políticas de infancia y adolescencia, programar los servicios y recursos en materia de protección y elaboración de las directrices en el ámbito de las competencias del desamparo en la infancia.

Esta es la definición oficial del Departamento de Bienestar Social y Familia de Cataluña, publicada incluso en su web y extendida con ciertos matices, entre ellos:

  • Promover los derechos de los niños y adolescentes de Cataluña, en especial el derecho de participación como ciudadanos activos y de promoción de su bienestar.
  • Promover y elaborar planes de colaboración y protocolos que garanticen la ordenación de las actuaciones de detección, prevención, asistencia, recuperación y reinserción de niños y adolescentes que hayan sido víctimas de malos tratos y que aseguren una actuación integral de acuerdo con la Ley 14/2010 de 27 de mayo de los derechos y oportunidades de la Infancia y Adolescencia en Cataluña.
  • Promover y prestar servicios públicos especializados para atender los malos tratos de los niños y adolescentes de acuerdo con la Ley 14/2010 de 27 de mayo.
  • Planificar i ejecutar las competencias que se le han atribuido en materia de niños y adolescentes en situación de riesgo social.
  • Proteger y tutelar a los niños y adolescentes desamparados, asumiendo la guarda en los supuestos establecidos por las leyes y ejecutar las medidas de atención y protección propuestas en cada caso.
  • Promover programas de orientación e integración social y laboral de los niños y adolescentes tutelados y ex tutelados.

Nos encontramos ante las actuaciones de una administración y un sistema que tiene potestad y  cierta autoridad, pero que en sus actuaciones diarias, ejerce como parte y juez, dictando resoluciones administrativas que son tenidas en cuenta al mismo nivel que una sentencia judicial y que como tal, deben ser rebatidas en instancias judiciales, dónde los Jueces y Fiscales se rinden a sus argumentos, en la mayoría de las ocasiones, sin ningún tipo de fundamento, sin pruebas ni garantías de veracidad, interpretando la Ley sobre los Derechos de la Infancia a su antojo, obviando la Convención sobre los Derechos del Niño, pero que sorpresiva  y escandalosamente, para uno de los pilares de nuestro estado de derecho, la Justicia, contempla todo lo mencionado como un principio de veracidad, algo similar al principio otorgado a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para muchos Jueces y Fiscales, aquello que dicta D.G.A.I.A. es cierto, aunque no venga acompañado de fundamentos, documentos, pruebas o informes.

Escandaloso es, que como principio inspirador de actuación, por parte de los funcionarios y trabajadores de la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña, el Interés Superior de los Niños es lo que les hace moverse, pero en toda actuación de éstos, en cada escrito, documento e informe presentado por dicha administración, nos encontramos con constantes y continuas vulneraciones de los Derechos de la Infancia.

Estas vulneraciones, cometidas a diario y en numerosas ocasiones denunciadas por los ciudadanos, padres y madres y familiares de los niños afectados, protegidos y/o semi protegidos, no llegan a tenerse en cuenta y en numerosas de éstas ocasiones, las familias o quienes se atreven a enfrentarse y cuestionar las actuaciones de la Dirección General Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña, que depende del Departamento de Bienestar Social y Familia, se encuentran que los responsables de esta institución los tachan oficialmente de reivindicativos, conflictivos, irresponsables o simplemente “malos padres o madres”.

Para la D.G.A.I.A, los padres no existen y los niños son meros objetos y no sujetos de plenos derechos.

Estas actuaciones de la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia no están siendo acordes a la legalidad vigente.

Informes donde se vuelcan datos erróneos y en ocasiones falsos, dónde un comentario cargado de emoción se transforma en un estado psicológico alterado.

Dónde el hecho de solicitar cambio de fecha por razones laborales, se equipara a dificultades por parte del demandante para cumplir con un Plan de Mejora.

Cuando el hecho de no estar en el domicilio ante una visita inesperada de los trabajadores sociales, se convierte en un impedimento por parte de la familia para realizar esta visita o tachar a la misma de no colaboradora.

Actuaciones arbitrarias por parte de los trabajadores de la administración, con claros ejemplos de discriminación, prevaricación, abuso de autoridad e incluso maltrato institucional.

Inactividad de actuaciones durante largos periodos de tiempo, pese a que en temas de infancia, el tiempo para los niños es crucial, pues el tiempo pasa y los niños crecen. Este hecho conlleva a la destrucción, en numerosos casos, de la vinculación emocional de estos niños con sus familias.

Incumplimientos en referencia a los Planes de Mejora o socio-educativos pactados con las familias de los niños y en numerosas ocasiones ni tan siquiera se activan o ejercen estos Planes o incluso se demoran en años.

Nula observación del Libro de Buenas Prácticas del Sistema de Protección de la Infancia con niños tutelados, en riesgo, semi protegidos y/o desprotegidos.

En este asunto, incluso negación por parte de numerosos profesionales de la Administración de la existencia de este documento o inobservancia de protocolos de actuación.

Esto nos lleva a una ignorancia inexcusable sobre asuntos de Infancia en cuanto a protocolos y normativas, algo actualmente punible en Justicia.

Estamos pues, ante la mala praxis de una institución que a día de hoy, no tiene una Autoridad superior que fiscalice sus actuaciones.

Tenemos por ejemplo que por normativa, es la Fiscalía de Menores quien debe velar por estas actuaciones, pero la misma Fiscalía no dispone de toda la documentación relativa a un asunto, ya que es la misma D.G.A.I.A. quien no la facilita.

Obviamente Fiscalía no promueve el que le sea facilitada toda la documentación, algo de obligado cumplimiento.

Las familias afectadas por las actuaciones presuntamente ilegales de esta administración se ven forzados a denunciar al Defensor del Pueblo y al Sindic de Greugues (Defensor de las Personas de Cataluña) de estas actuaciones.

Pero dichas Instituciones se encuentran que pasan meses e incluso años, dónde reclaman información de los expedientes y D.G.A.I.A. retrasa las contestaciones y/o en ocasiones ni tan siquiera las facilita.

Ojos que no ven, niños que se pierden la infancia.

Es conocido el número de quejas que recibe el Sindic de Greugues de Cataluña, si bien muchas familias no realizan queja alguna, en unos casos por desorientación o ignorancia de este derecho y en otros, el más numeroso, por miedo a represalias, transformadas en disminución de visitas con los niños tutelados o incluso la negación de éstas, o el que se reflejen estas quejas en los informes administrativos, de manera que se dibuje un perfil de éstas familias como conflictivas y reivindicativas.

En este organismo de defensa de los derechos de la ciudadanía, el número de quejas relativas a infancia han aumentado en los últimos años:

Año 2010: 516, Año 2011: 560, Año 2012: 687, Año 2013 839, Año 2014: 1.280

No todo el mundo se queja.

 “Debemos considerar desde un principio fundamental, que las familias son el primer núcleo de convivencia inter generacional, de cuidado y atención, de solidaridad y de transmisión de valores. Las relaciones familiares y los vínculos positivos que se suelen establecer en éstos núcleos, facilitan el desarrollo de cada individuo en el marco de su sociedad de referencia. En nuestra sociedad ha aumentado la diversidad familiar, desde un punto de vista tanto estructural como cultural. Además, el análisis de las relaciones familiares y de los recursos económicos a los que tienen acceso los hogares (o unidades familiares) muestra la existencia de importantes desigualdades intrafamiliares e interfamiliares, de modo que la política social debe dar respuesta a las necesidades sociales de las personas y de sus familias y, en especial, a las necesidades de las más vulnerables, para intentar potenciar su autonomía. Para poder hacer una política social efectiva y preventiva es necesario que los planes y programas de acción trabajen desde tres líneas básicas: la individual, la familiar y la comunitaria. Hay que apoyar a la familia en sus funciones de crianza, protegiendo los derechos de los niños.” Plan para la Inclusión Social de Barcelona 2012-2015. Ayuntamiento de Barcelona.

A pesar de ello, la lista de desafueros es elevada y estos son sólo algunos ejemplos:

Los Informes

Los Informes de Diagnóstico que sirven de base a la actuación de la D.G.A.I.A. son deficientes, negligentes, incoherentes y, en ocasiones, llenos de falsedades.

Nos hemos llegado a encontrar incluso, que se incluye un nombre diferente del niño al que va dirigido el informe.

En muchos de ellos se vierten juicios contra las personas diagnosticadas, muchas veces gratuitos y sin haber sido contrastados. Algunos de éstos juicios no corresponden en absoluto con la familia o la niñez diagnosticada, siendo inventados y por resultado totalmente falsos.

En muchas de las ocasiones, carecen de base desde el punto de vista técnico y faltan al más mínimo rigor psicológico y/o técnico.

Algunos de los datos volcados en estos informes son falsos y contradictorios.

Se han llegado a contrastar informes provenientes de diferentes familias y situaciones que no tienen absolutamente nada en común y se pueden observar que incluso ciertas partes del documento coinciden textualmente, lo que comúnmente se conoce como “copiar y pegar”.

Nos encontramos por ejemplo con informes emitidos por los diferentes Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) donde expresan presuntos problemas de alcohol y/o droga adicción de los progenitores como factores de riesgo y/o desamparo cuando informes médicos (Análisis clínicos, dictamen facultativo, etc.) dicen todo lo contrario y demuestran que estos factores no existen.

Trastornos psiquiátricos y/o psicológicos inexistentes o cuando una visita puntual a un profesional médico por parte del familiar, se transforma en una patología o tratamiento médico, que genera un factor inventado que conlleva al impedimento de ejercer la Patria Potestad o Guarda de los niños.

Estas praxis y otras conllevan a la separación de los niños de sus núcleos familiares rompiendo todos los vínculos existentes entre los más pequeños con sus familias.

Hemos recibido testimonios de niños y adolescentes ex tutelados y actualmente tutelados que manifiestan que los profesionales que interactúan con ellos en los Centros de Acogida y Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) le dicen desde el momento de sus ingresos en estos centros que no deben preocuparse más por sus padres, que ahora éstos llevan una vida feliz y que están ahí por la culpa de los padres y madres.

Los llantos de los niños son prohibidos bajo estas manifestaciones, llevando a una situación de confusiones sobre la situación de estos niños.

Coacciones, presiones y conductas agresivas, físicas en algunos casos y psicológicas en otros, todas hacia los más vulnerables de nuestra sociedad y por extensión a las familias.

entre otros, tenemos testimonios, entre ellos el de una niña de 9 años de edad, tutelada por la D.G.A.I.A., que los educadores la fuerzan a ducharse vestida.

En otro, los educadores obligan a adolescentes a realizar el lavado de los vehículos personales de los profesionales de un Centro de Menores, bajo la amenaza de no recibir una paga semanal.

Por protocolo, es necesario valorar a todos los miembros de la llamada “familia extensa” mediante entrevista directa. No encontramos que dicha valoración está ausente en numerosos Informes de Diagnóstico.

En numerosas ocasiones, estas “entrevistas personales”, se reducen a una mera llamada telefónica, siendo esta acción, a veces, la primera noticia que ese familiar extenso recibe, de la situación de la niña, niño o adolescente y proveniente de personal que en ocasiones no sólo no se identifican, si no que no ofrecen información alguna del procedimiento.

Ausencia de cauces administrativos a través de los que las familias afectadas puedan ejercer su derecho de “defensa”, aportar datos adicionales y contra pruebas de las afirmaciones vertidas en los Informes de Diagnóstico.

Así mismo, cuando estos documentos son presentados, no se registran, no se valoran y en ocasiones ni tan siquiera son admitidos y adjuntados a los expedientes.

Así por ejemplo, nos hemos encontrado con numerosos casos dónde los familiares han registrado una solicitud de mejora de los Planes de Mejora y D.G.A.I.A. ha rechazado sin fundamento alguno estos documentos.

Posteriormente ni tan siquiera se han incluido estos documentos a los expedientes de los niños, pese a estar sellados en el Registro General.

Documentos y actuaciones de los familiares ocultados y negados deliberadamente.

En muchas ocasiones, ni siquiera el acceso a dicho Informe es posible o no se da con las adecuadas garantías (completo y con antelación suficiente a la toma de medidas por parte de la Administración, especialmente cuando revisten la gravedad de una declaración de desamparo).

Las familias afectadas se ven en situaciones de desesperada indefensión, y suelen recurrir a cauces que deberían ser totalmente extraordinarios (como acudir a un Director General de Servicios Sociales de una de nuestras CCAA, en un ejemplo real).

Cuando los familiares reciben autorización para poder acceder al expediente administrativo de la niña, niño y/o adolescente, se encuentran en ocasiones con expedientes físicos de miles de páginas, con un tiempo de apenas una hora para poder visualizarlo y/o tomar notas.

El profesional que recibe a estas familias, generalmente jurídico, no ofrece un trato acorde lo que dicta la norma. Recordemos aquí  que el trato por parte de un profesional de cara al ciudadano, debe basarse en generar convivencia, prestando especial atención a las políticas orientadas a fomentar la relación, el intercambio y la interacción ciudadana. Algo inexistente en esta administración ni por parte del personal de la misma.

Es sorpresivo ver que escena se encuentran los familiares cuando se dirigen al edificio sede de la D.G.A.I.A. para visualizar y/o recoger las copias de estos informes.

Los familiares acceden a una habitación cerrada con un dispositivo de videovigilancia de circuito cerrado, dónde varios vigilantes de seguridad permanecen físicamente presentes.

Una situación que intimida y demuestra una clara desconfianza de la administración, pese a que el acceso al edificio en cuestión viene filtrado por un control de seguridad exhaustivo y todo ello, pese a que estamos hablando de un acto administrativo que consiste en recoger una documentación.

Los equipos humanos de los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (E.A.I.A.) y los Servicios Básicos Sociales suelen basarse con mucha frecuencia a la precariedad de medios, especialmente humanos, y la multitud de casos sobre los que deben decidir y realizar seguimiento de manera simultánea, lo que multiplica los errores de diagnóstico y las irregularidades de todo tipo tendentes a aliviar dicha carga administrativa y de gestión.

Algo que nos sorprende elevadamente, cuando una de las frases más pronunciadas por parte de la Directora de la D.G.A.I.A. es:

“Tengo más de 4.000 trabajadores a mi cargo para garantizar el bienestar de la Infancia” Mercè Santmartí. Directora de D.G.A.I.A. 2014.

En el año 2014 aproximadamente había unos 8.000 niños tutelados por D.G.A.I.A., una relación de 2 a 1.

el presupuestos para el año 2014:

Departamento de Bienestar Social y Familia: 1.825.114.046,98 Euros

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS): 1.580.523.799,28 Euros

Siguiendo el punto anterior, las decisiones y los actos administrativos producidos por el Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia, raramente son comunicados en tiempo y forma a las familias afectadas. A veces requieren de semanas de insistencia, y después de aducir un incongruente “silencio administrativo” para justificar la ausencia de comunicación. Todo ello fuerza a las familias –muchas veces sin recursos– a dirigirse a la Administración siempre por escrito y utilizando la vía del Registro Oficial.

Con ello, la Administración aparece como fría y alejada del ciudadano, en una materia en la que debería ser todo lo contrario.

Como dato a tener en cuenta, en casos o situaciones de Maltrato Infantil o Riesgos Graves en la Niñez, está articulado por Ley, que la D.G.A.I.A informe a la Fiscalía de Menores.

Esto no es así en parte.

A la Fiscalía de Menores únicamente le llega una Resolución Administrativa de la medida adoptada por la D.G.A.I.A., pero no les llega los informes, los diágnosticos, las pruebas realizadas, carencia de fundamento suficiente.

De toda España, sólo en la Comunidad Autónoma de Aragón, la Fiscalía de Menores tiene acceso directo a toda la información de los Servicios de Protección de la Niñez, mediante soporte informático.

En Cataluña esto no es así y la Fiscalía de Menores sólo recibe toda esta información si es la Familia quien se la facilita por los mecanismos establecidos, ya que si no es un caso Muy Grave, Fiscalía no realiza esta acción eficaz de oficio.

Tenemos por ejemplo una situación de unos niños que durante el año 2013, Fiscalía poseía en una carpeta dos folios sobre el expediente de estos pequeños y gracias a la actuación de un familiar, esta carpeta se vio aumentada con la aportación de 2000 folios.

En ellos se demostraba una mala actuación de los EAIA,  ocultado por D.G.A.I.A.

También es rasgo habitual la descordinación entre los equipos humanos anteriormente descritos, que forman el Sistema de Protección de la Infancia y Adolescencia, y otros recursos presentes en la misma Administración, como los Trabajadores Sociales de Base o Zona.

Tenemos casos de descordinación entre servicios sociales de distintas localidades, dónde ni tan siquiera se traspasan los expedientes de unos niños maltratados y uno de los servicios archiva la situación alegando que no hay riesgo, cuando un año después se demuestra el maltrato que estaban sufriendo.

Aparte de los Informes de Diagnóstico, como base para la declaración de desamparo, otras de las decisiones que se toman en el ámbito de la protección integral del menor sufren de la misma patología que los Informes de Diagnóstico: suelen ser igualmente incoherentes y faltos de rigor. En otro de los testimonios aportados se aduce, como argumento principal, que la familia extensa de la niñez tutelada produciría “interferencias” en los mismos, no justificando en absoluto en qué consistirían tales “interferencias” ni por qué habrían de producirse.

Tenemos el caso de unos abuelos que inician gestiones para acoger a su nieto y no reciben respuesta alguna; para cuando la reciben, se encuentran ya con un informe no idóneo al acogimiento sin tan siquiera fundamentarlo.

Otro rasgo de descordinación que merece un capítulo aparte es la relación entre el procedimiento administrativo seguido por Protección de Menores y las resoluciones que la Justicia haya podido dictar en torno a la custodia de los mismos.

Tenemos la situación de unos niños tutelados por la D.G.A.I.A. por maltrato de parte de uno de los progenitores, delito descubierto por un equipo de profesionales de D.G.A.I.A., Pero sin previo aviso ni fundamento, otro Equipo distinto ex tutela a los niños entregándolos al progenitor que maltrató a los niños. Todo ello, pese a una resolución y petición de la Adjunta a la Infancia del Sindic de Greugues, donde constata que la acción de la D.G.A.I.A conlleva a un riesgo para los niños y todo ello, 48 horas antes de un Juicio contra la Resolución de D.G.A.I.A.

A día de hoy, se desconoce el paradero de los niños y del progenitor que los maltrató. D.G.A.I.A. no se pronuncia. Fiscalía no se pronuncia. El Juez no se pronuncia.

Otro de los testimonios evidencia un caso en que la Administración no considera a la abuela y tía de unos menores tutelados como aptas para su acogida, mientras simultáneamente el Juez de Menores sí reconoce específicamente el derecho de ambas, abuela y tía, a las visitas y a parte de las vacaciones. No parece coherente que un juez de menores y la Administración regional de Menores tengan opiniones contrapuestas sobre hechos relevantes del mismo caso.

En otros casos, la actuación policial (retirada por la fuerza de los niños decretados en situación de desamparo y cuyos padres no han accedido a su entrega voluntaria), con la violencia desplegada, parece a todas luces desproporcionada a los efectos perseguidos.

Tenemos un claro ejemplo, donde unos niños son retirados por D.G.A.I.A. en una sede judicial donde acude una dotación de policía Mossos de Escuadra de uniforme y armados, algo realmente violento para unos niños de corta edad.

En otro de los ejemplos aportados, llama la atención que la Policía, tratando de localizar a dos menores calificados de “en desamparo”, acudan en un caso al colegio al que uno de ellos está escolarizado de manera habitual, y el otro sea interceptado en presencia de su padre cuando lo llevaba igualmente al colegio. No parecen estampas de una situación de “desamparo” y, desafortunadamente, estos casos de excesiva dureza policial (con la impresión tan negativa que pueden causar en los menores que, supuestamente, tratan de proteger) se dan con demasiada frecuencia.

Se han dado casos donde la misma Policía junto a técnicos de D.G.A.I.A. han entrado en colegios y en plenas clases donde se encontraban niños declarados administrativamente en desamparo.

En muchos casos de desamparo, los padres son autorizados a visitas periódicas, usualmente semanales. Hay muchos testimonios de padres que observan con preocupación cómo los niños sufren con su situación de separación, y claramente presentan un cuadro de falta de adaptación a su nuevo entorno; con ello, lejos de remediar la situación de los niños, ésta empeora claramente desde la intervención de la Administración, lo cual no hace sino evidenciar la deficiencia del diagnóstico realizado y la no idoneidad de las medidas adoptadas. Uno de los ejemplos aportados: el menor comienza a sufrir un cuadro de enuresis (orinarse en la cama) a raíz de ser llevado a un centro de menores en desamparo; dicho cuadro no remite ni siquiera tiempo después de que su padre recuperara la tutela. Como ese ejemplo, hay muchos otros con cuadros de pesadillas nocturnas, falta de concentración, conducta agresiva, se autolesionan y no saben porqué, etcétera.

Hay múltiples evidencias de sectarismo y corporativismo en los Servicios de Menores ante la evidencia de un diagnóstico deficiente o una actuación inapropiada. Hay múltiples testimonios en que se cita falta de respuesta a recursos presentados ante la propia Administración, la sensación de “persecución” por parte de esa misma Administración en forma de oscurantismo, negativa sistemática a poner a disposición de las familias afectadas y del juez informes, pruebas y actuaciones en relación a su caso, lo que lleva a un retraso injustificado en la resolución final del mismo y prolonga una situación de sufrimiento tanto de los menores, como de sus padres, como de su familia que trata de reivindicar sus derechos legítimos.

Por “norma” desde que un familiar presenta una demanda judicial de oposición al desamparo y se llega a resolver el procedimiento judicial, el mínimo tiempo de respuesta suele ser de un año, en algunos casos suele ser de varios años.

Finalmente, incluso en los casos en que los Sistema de Protección de la Infancia y Adolescencia acceden a una rectificación de las medidas adoptadas (retornar a los niños de nuevo a la tutela de sus padres), lo hacen habitualmente con la misma falta de coherencia y rigor que en los Informes de Diagnóstico sobre los que han basado su primera intervención; esto es, sin ningún tipo de argumento ni justificación de la nueva medida adoptada, ni la más mínima evidencia de cambio en las circunstancias que condujeron a su primera decisión.

ADENICAT quiere llamar la atención y denunciar la grave indefensión judicial y la vulneración de los derechos de los Niños y Las Niñas consecuencias de las acciones efectuadas por parte de la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña.

Denunciamos la frustración de muchas personas que, después de haber visto las vidas de sus hijos destrozadas, no han encontrado en las instituciones la respuesta y la ayuda que necesitan y cuando ésta se realiza, no se acoge a la legalidad vigente.

Nos preguntamos:

¿Cuántas familias afectadas por esta mala praxis habrá en Cataluña?

¿Cuánta Infancia?

Barcelona, abril de 2015.