El papel del Fiscal de Menores en Procedimientos Administrativos y Judiciales con Niños.

En la Memoria del Ministerio Fiscal presentada en el año 2013 dice lo siguiente:

La coordinación de las Entidades Públicas (D.G.A.I.A. en Cataluña) con la Fiscalía para consensuar estrategias y superar divergencias y la inexistencia de equipos técnicos independientes a disposición del Fiscal de Protección explican que sea muy escaso el número total de impugnaciones formuladas por el Fiscal.

10 impugnaciones por parte del Fiscal de Menores

1.450 impugnaciones presentadas por parte de particulares (Familias)

(Datos de 2012)

Rara vez discrepa o está en contra el Fiscal de Menores del criterio administrativo sobre la necesidad de separación de un niño de sus padres.

Para comprender cómo se concibe la actuación del Ministerio Fiscal en este ámbito hay que reparar en el contenido del párrafo primero del artículo 174.2 del Código Civil, que establece que se comunicará al fiscal «la noticia de nuevos ingresos» en el sistema de protección; las resoluciones administrativas y «los escritos de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos»; así como cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor.

Miembros del Ministerio Fiscal coinciden en que la norma citada hace pensar que existe un sistema de control de legalidad, pero esto no es así.

Fiscalía no tiene por lo general medios técnicos propios para poder supervisar la situación sociofamiliar que se halla en el origen del conflicto, ni las intervenciones desplegadas por los servicios de protección.

El Fiscal no tiene conocimiento de lo que le ocurre a un niño en estas situaciones.

Tampoco hace absolutamente nada por enterarse.

Al Fiscal de Menores sólo le llega una resolución de desamparo o de una medida de protección de otra naturaleza acordada por la autoridad administrativa (D.G.A.I.A. en Cataluña)  y no el expediente completo del menor.

El control que primariamente cabe hacer en estas circunstancias versa sobre la suficiencia de la motivación.

La Circular de la Fiscalía General del Estado 8/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores, llama la atención sobre la posibilidad de que sea el propio Ministerio Fiscal el que impulse la actividad protectora de las entidades públicas, comunicando cualquier situación de eventual riesgo y actuando frente a la inactividad administrativa.

En este marco se prevé que la fiscalía exija la notificación tanto de las resoluciones en las que se adopten medidas de protección como aquellas otras en que se denieguen las medidas interesadas.

Nos consta en ADENICAT, que la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Barcelona no lo hace.

En el año 2013, un padre acudió a un Fiscal de Menores de la Audiencia Provincial de Barcelona, concretamente a la Sección F, aportando 2000 folios de actuaciones de la D.G.A.I.A.

Entre esta cantidad escandalosa de folios, figuraba un estudio de unos niños, dónde un equipo dependiente de la D.G.A.I.A concluía que existía maltrato infantil.

La Fiscal a cargo, un año después, se reunió con el padre, reunión que solicitó en diversas ocasiones el padre  y en la cual la Fiscal responsable manifestó:

“Aún no he visto el expediente, es que son muchos documentos”

A fecha de hoy, la Fiscal de Menores no ha realizado acción alguna.

El hecho de que a la Fiscalía de Menores sólo le lleguen resoluciones y no el expediente completo, implica una carencia de principio respecto del conocimiento completo del problema.

Y cuando por cualquier otro medio, le llega, no hace nada.

Se entiende por maltrato institucional a cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia. (Martínez Roig, 1989)

Fuentes:      Defensor del Pueblo memoria mayo 2014.

Fiscal General del Estado. Sala coordinadora de Menores. Circular 8/2011

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