ADENICAT EN EL PARLAMENTO DE CATALUÑA

Este lunes 25 de mayo, ADENICAT se ha reunido con el Diputado Fernando Sánchez Costa, diputado en el Parlamento de Cataluña.

Fernando Sánchez Costa se encuentra presente en la Comisión de Infancia, Juventud, Educación, Bienestar y Cooperación Internacional.

20150525_112307[1]

Montse Segala, la Vicepresidenta de ADENICAT en la esclera de acceso al Parlamento de Cataluña portando el Informe sobre Infancia momentos antes de la reunión

Con motivo de estar en la Comisión de Infancia y dentro de las actividades realizadas por ADENICAT en su hoja de ruta, dónde figura el poder reunirse con el mayor número de organismos, instituciones y personas del ámbito de la Infancia, el Grupo Parlamentario Popular, con su representante en la Comisión de Infancia, ha accedido a nuestra petición de reunión.

En esta reunión, ADENICAT ha hecho entrega de un informe sobre la situación de la Infancia en Cataluña, en especial en el tema de los Servicios Sociales y Protección de la Infancia.

Desde aquí, queremos recalcar la exquisita atención recibida desde el Grupo Parlamentario Popular y  muy especialmente, agradecemos enormemente la manera humana, sensible y empática desplegada personalmente por el Diputado Don Fernando Sánchez Costa durante el encuentro.

20150525_123709[1]

El Diputado del Grupo Parlamentario Popular de Cataluña Don Fernando Sánchez Costa con la Vicepresidenta de ADENICAT Doña Monserrat Segala Solsona en el hemiciclo del Parlamento de Cataluña.

En esta reunión, ADENICAT no sólo ha querido transmitir la realidad sobre las graves deficiencias y malas praxis de algunos profesionales y organismos que integran el sistema de protección de la Infancia en Cataluña; también hemos dado voz a los cientos de familias afectadas por estas acciones que se han puesto en contacto con nuestra Asociación.

Cientos de Familias que han visto sus vidas truncadas por la separación de los niños de los núcleos familiares con dudosos juicios de valor, con falsas acusaciones e informes emitidos sin fundamentos, entre otros casos no menos graves.

ADENICAT ha transmitido la nula transparencia en las actuaciones de la Dirección de Asistencia a la Infancia y Adolescencia (D.G.A.I.A.) y hemos podido demostrar su opacidad como Organismo Público, algo contrario al espíritu que debe expresar un Organismo de este talante.

También hemos podido aprovechar la oportunidad de poner voz a los niños, transmitiendo las situaciones en las que se encuentran, cuando estando en situaciones de Riesgo, semiprotegidos y/o protegidos, la Administración, con el Departamento de Bienestar Social y Familia a la cabeza y todos los servicios dependientes de éste (Servicios Sociales Básicos, E.A.I.A’s, etc…) no realiza una acción eficaz ni responde adecuadamente basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño y cuantos marcos normativos existen respecto a Infancia.

Hemos podido elevar al Poder Público la petición de que se observe la fabulosa Ley 14/2010 de 27 de mayo sobre los Derechos y Oportunidades de la Infancia y Adolescencia en Cataluña, precisamente la misma semana en la que se cumplen 5 años en vigor. Una Ley que a todas luces no se contempla en unos casos y en otras se interpreta de una manera errónea.

20150525_123802[1]

El Fundador y Presidente de ADENICAT Luis Martínez Gavilán con el Diputado del Grupo Parlamentario Popular de Cataluña Don Fernando Sánchez Costa visitando el hemiciclo del Parlamento de Cataluña momentos después de la reunión mantenida.

Como resultado de esta reunión, conjuntamente con ADENICAT como peticionaria y el Grupo Parlamentario Popular de Cataluña como representante en la Comisión de Infancia en el Parlamento de Cataluña, se ha llegado al compromiso de elevar en los próximos días una petición de comparecencia de ADENICAT en dicha Comisión de Infancia, para poder elevar la voz de los niños y las familias que a través de nosotros han acudido en busca de una respuesta.

Es por ello que desde ADENICAT queremos agradecer de una manera especial a todas aquellas madres, padres, familias, niñas, niños y/o adolescentes que en su día se pusieron en contacto con nosotros solicitando apoyo, orientación o ayuda confiando en ello.

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por los niños. Sólo os pedimos que no os rindáis, los niños, que son los más vulnerables de nuestra sociedad, se lo merecen.

En las próximas semanas iremos informando a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros, número que se eleva cada día y daremos a conocer las propuestas elaboradas, que de votarse favorablemente la petición de comparecencia ante la Comisión de Infancia, serán expuestas ante la Comisión Parlamentaria.

Es por ello que aprovechamos este artículo para volver a citar la manera de poneros en contacto con ADENICAT, a través del siguiente enlace y hacernos llegar vuestras consultas, quejas o peticiones.

https://adenicatalunya.wordpress.com/quejas-peticiones-consultas/

Anuncios

Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños.

El día 5 de diciembre de 1997 el Plenipotenciario de España firmó en Estrasburgo el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en dicha ciudad el 25 de enero de 1996.

El día 11 de noviembre de 2014, el Rey de España Felipe VI, manifestó  el consentimiento de España en obligarse por este Convenio.

El objeto del presente Convenio es el de promover, en aras del interés superior de los niños, sus derechos, de concederles derechos procesales y facilitarles el ejercicio de esos derechos velando por que los niños, por sí mismos, o a través de otras personas u órganos, sean informados y autorizados para participar en los procedimientos que les afecten ante una autoridad judicial.

El presente Convenio es aplicable a las siguientes categorías de procesos:

– Procesos que versen sobre nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.

– Procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

– Procesos de filiación, paternidad y maternidad

– Procesos que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

– Procesos que tengan por objeto la adopción de medidas de protección sobre los menores en los supuestos contemplados en los artículos 158 y 216 del Código Civil.

– Procesos que tengan por objeto la adopción de medidas relativas al retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional.

– Procesos que tengan por objeto resolver sobre aspectos relativos al ejercicio de la patria potestad en caso de desacuerdo entre los progenitores (artículo 156 del Código Civil).

– Procesos relativos al acogimiento de menores y la adopción (artículos 1825 a 1832 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881).

Nombramiento de tutor o curador (artículos 1833 a 1840 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881).

– Y, en general, cualquier proceso de familia en el que los derechos del menor puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.»

El documento completo podéis encontrarlo aquí: CONVENIO EUROPEO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

INTRODUCCIÓN AL TEMA

Para las familias de niñas, niños y/o adolescentes que se encuentran en una situación de riesgo o desamparo, dentro del ámbito de la actuación administrativa y judicial, se encuentran y se enfrentan, a una situación nueva en su vida cotidiana, traumática para todos los casos y que les sitúa en un terreno totalmente desconocido, debiendo en estos casos, quedar a la espera del asesoramiento de los letrados que les asisten por un lado y de los profesionales administrativos y técnicos que actúan por otro. En ciertos procedimientos civiles donde se involucran los más pequeños de la familia, como en las separaciones, divorcios o medidas paterno filiales, también ocurre.

Hemos creído conveniente crear documentos como este, que los llamaremos CUADERNOS DE APUNTES, que como finalidad, tendrán la de introducir y exponer todo lo relacionado con el tema.

La manera de redactar estos CUADERNOS DE APUNTES será en un lenguaje menos técnico, jurídicamente hablando y más cercano al ciudadano, no acostumbrado a la terminología jurídica y que en la casi totalidad de los casos, se enfrenta a ella sin conocimientos técnicos profesionales.

Estos nuevos actores, que aparecen en las vidas de las niñas, niños, adolescentes y familiares, por la norma general y basándonos en testimonios, documentos y procedimientos administrativos y judiciales, se limitan a realizar su labor profesional.

Pero esta labor, se aleja del trato humano, carente de toda empatía y humanidad, sin ningún tipo de delicadeza y sin observar adecuadamente, de una manera eficiente y eficaz, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño y leyes similares, como los principios establecidos para la atención al público.

La Infancia y sus familias se encuentran, ante esta situación, desorientados, con la sensación de indefensión, impotentes ante la maquinaria administrativa y judicial, puesta en marcha tras una declaración de riesgo o desamparo.

Este documento tratará de arrojar un poco de conocimiento e información sobre el tema.

A pesar de intentar llevar una línea sencilla de redacción, puede ocurrir que en ciertos momentos del documento se deba llegar a mencionar terminología y definiciones técnicas.

Estas se escribirán en la forma de cursiva, así por ejemplo, donde hablamos de “todas las leyes de España” de una manera más comprensible, su definición técnico profesional sería: ordenamiento jurídico español.

Si pese a todo, surgen dudas sobre lo redactado aquí, para cualquier consulta al respecto, se puede enviar un correo electrónico a adenicatalunya@gmail.com

Dado que desde ADENICAT somos totalmente reacios a llamar a las niñas, niños y adolescentes “menores”, forma que ya hemos pedido por otros cauces que se erradique, no referiremos en este documento, en unas ocasiones a niñez y/o infancia y cuando sea de obligación, nos referiremos a ellos como lo que son: niñas, niños y/o adolescentes.

No vemos que en cualquier documento administrativo y/o judicial, se refieran a un adulto, como el “mayor” Don Fulanito Menganito o la “mayor” Fulanita Menganita.

Introducción al Interés Superior del Menor

El sistema de protección de la Infancia tal y como está regulado por las leyes en España, lo que técnicamente se conoce como el ordenamiento jurídico español, tiene la particularidad de la existencia de una gran dispersión normativa ya que, junto a normas internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, nos encontramos con más normas de carácter nacional, como la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (en adelante LOPJM).

A esto hay que añadirles las diferentes leyes y normas de carácter Autonómico, como por ejemplo en Cataluña, donde existe la Ley 14/2010 de 27 de mayo sobre los Derechos y Oportunidades de la Infancia y Adolescencia de Cataluña.

Así mismo cada Comunidad Autónoma tiene un Departamento Administrativo que se encarga el Sistema de protección de la Infancia y Adolescencia.

En Cataluña tenemos la Dirección General de Asistencia a la Infancia y Adolescencia, en adelante D.G.A.I.A.

Una de las condiciones que deben marcar la labor y el quehacer de las Instituciones y Organismos Judiciales incluidas aquí las administrativas, en materia de protección a la Infancia y Adolescencia es la condición del tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier decisión que un profesional de Justicia o de la Administración o las acciones que realicen estos, afecten a una niña, niño y/o adolescente, vendrá determinada por una máxima celeridad temporal;  quiere decir, que ya que las situaciones de esta Niñez son deficitarias requieren soluciones rápidas y eficaces y eficientes.

Por ejemplo, si en un Juzgado de Guardia se registra la denuncia de un presunto maltrato infantil o en una oficina de Servicios Sociales se realiza la consulta y/o denuncia sobre la posible situación de riesgo de una niña, niño o adolescente, no se debe esperar ni un día para comenzar con las acciones.

Tristemente y en ocasiones desgraciadamente, la realidad no es esta.

Así por ejemplo nos encontramos con que una denuncia por malos tratos infantiles, la persona que denunció  los presuntos delitos, fue citada 8 meses después.

Otro ejemplo donde la presentación de una Demanda Judicial de Medidas Cautelares Urgentes y el Juez de turno comienza a realizar acciones 7 meses después.

O en otro, donde la presentación de una Demanda de Oposición a una Medida de Desamparo y el Juez de Familia fija el Juicio casi 2 años después.

Podríamos seguir, tenemos una lista casi interminable.

Todo ello, pese a que ya La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, abrió camino hacia lo que hoy tiene la consideración de que la Infancia y Adolescencia, las niñas, niños y adolescentes, son Sujetos de Plenos Derechos y no meros  objetos, pese a que continuamente a los servidores públicos y profesionales en Infancia hay que recordárselo.

Pero también desde esta ley, se comenzaba a establecer que como sujetos de plenos derechos, éstos derechos no debían ser protegidos en exclusiva por sus madres, padres y/o familiares responsables de sus guardas y custodias sino que se establecía un sistema de atención pública inmediata para la Infancia y Adolescencia, respecto a los que se estaba incumpliendo o cumpliendo de forma inadecuada sobre los deberes de protección que las mismas leyes de protección que existían, establecían para una correcta guarda.

Se establecía entonces una nueva forma de tutela: a la tutela de familia se le unía la tutela pública.

Esto se fue desarrollando y transformando en términos legales con la aparición en escena de la Ley 1/1996, de 15 de enero, Protección Jurídica del Menor, comúnmente mencionada en los escritos como:  LOPJM.

¿Por qué esta Ley? ¿Para qué esta Ley?

El espíritu de esta Ley (Ley 1/1996, de 15 de enero, Protección Jurídica del Menor) es la preocupación existente de poder darle a la Infancia y Adolescencia un marco jurídico de protección atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Española, con la voluntad del creador de la Ley  de incorporar a la Niñez a la sociedad de la manera más completa posible, como sujetos de plenos derechos.

Ahí es donde nace la famosa frase “por el Interés Superior del Menor”

Esto está reflejado en su Artículo 2, donde dice que para aplicar toda esta Ley será, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Pero incluso extiende la explicación al decir que este interés, que es Superior, estará por encima de cualquier otro interés legítimo que pudiera existir o aparecer.

Pero ¿Qué significa el Interés Superior del Niño?

EL INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

EXPLICACIÓN

Esta es la frase sagrada de la Infancia en estos temas.

El principio del interés superior del niño está consagrado igualmente por la Convención de los Derechos del Niño (en adelante CDN).

En el Artículo de la CDN, la Carta Magna de la Infancia, la Ley de Leyes sobre los derechos de la Niñez, en su art. 3, punto 1º indica:

 “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

 

Además el art. 20, Punto 1 de la misma Carta Magna de los Derechos del Niño manda que cuando una Administración realiza una intervención y de esta intervención sale el resultado de que se impone a los niños de una medida de estar privados, tanto si es temporal o permanentemente de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en la familia, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado en cuestión.

Por ello, resulta de especial importancia observar, que lo relevante será tomar las decisiones que procedan siempre en orden al interés superior de la Infancia y Adolescencia.

Es por ello, que ya la mencionada Ley de Protección para la Infancia en España la Ley 1/1996, de 15 de enero, Protección Jurídica del Menor, en su artículo 11 recalca que los principios superiores que dirigirán las actuaciones de los poderes públicos será, por encima de todo, el  interés de la niña, niño y/o adolescente que está inmerso en las actuaciones y  el mantenimiento de este pequeño sujeto de plenos derechos en su medio familiar de origen, salvo que no sea conveniente para su interés.

Bien, llegados aquí, este interés superior del menor es un concepto jurídico que es indeterminado, abstracto, sin forma, vacío y que a día de hoy queda reflejado en los escritos como una expresión hueca y que al parecer, queda bien en los textos de leyes sobre derechos de los menores.

 Vamos a volver a escribirlo para tomar conciencia:

El Interés Superior del Menor

ADENICAT considera que esta frase debe ser integrada adecuadamente entre los Poderes Públicos. Consideramos que si realizáramos una consulta a la comunidad de profesionales jurídicos (Jueces, Fiscales, letrados, etc) y de la Administración en Infancia, de seguro, un porcentaje muy alto, no sabría definir muy bien el significado de (permitirnos ser repetitivos) ésta frase: El Interés Superior del Menor.

También desde ADENICAT se está solicitando una regulación de forma más precisa de este concepto.

Para intentar explicarlo bien, mencionaremos aquí una Sentencia Judicial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con nº 565/2009, de 31 de julio. En el Punto Octavo de los Antecedentes de Hecho, donde aparece la referencia al informe que emite el Ministerio Fiscal y dónde en ese informe se indica que al ser el  interés superior del menor un concepto jurídico indeterminado, corresponde al Juez en la aplicación de la Ley rellenar de contenido efectivo esta denominación,  debiendo los tribunales utilizar para ello una técnica jurídica casuística. Esta técnica significa, que el Juez debe explicar el concepto de Interés Superior del Menor, basándose en razonamientos, que a su vez deben estar basados en principios, reglas y/o casos.

Pues bien, en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo se hace una exhaustiva indicación de las máximas reglas que la doctrina científica ha manejado como contenido necesario de este concepto jurídico indeterminado y que son éstas que exponemos literalmente:

1ª- Proveer por el medio más idóneo las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual adecuadas a su edad y situación: las afectivas, las educacionales, así como evitación de tensiones emocionales y problemas.

2ª- Se deberán atender los deseos, sentimientos y opiniones del menor.

3ª- Mantenimiento, si es posible, del statu quo material y espiritual del menor e incidencia en toda alteración de éste que pueda influir en su personalidad y en su futuro.

4ª- Consideración particular merecen la edad, salud, sexo, personalidad, afectividad, creencias religiosas, formación espiritual y cultural, ambiente, y el condicionamiento que todas estas circunstancias puedan tener en el bienestar del menor y en la decisión que deba adoptarse respecto del mismo.

5ª- Habrán de valorarse los riesgos que la situación actual y la subsiguiente a la decisión en interés del menor puedan acarrear a éste; riesgos para su salud física o psíquica en sentido amplio.

6ª- Las perspectivas personales, intelectuales y profesionales de futuro del menor, a cuya expansión y mejora debe orientarse su bienestar e interés actual y futuro.

Parte de esta sentencia y el fundamento que acabamos de leer hace una muy interesante descripción y referencia de cómo se contempla la Infancia en cuanto a su Interés, especialmente en países como Inglaterra.

Allí la “Children Act 1989”, la Ley de Infancia, menciona los siguientes conceptos:

  1. a) Los deseos y sentimientos del niño.
  2. b) Sus necesidades físicas, educativas y emocionales.
  3. c) El efecto probable de cualquier cambio de situación del menor.

Decir aquí que los Jueces ingleses tienden a no variar el estado de una niña, niño y/o adolescente salvo imperiosa necesidad.

  1. d) Su edad, sexo, ambiente y cualquier otra circunstancia que el Tribunal considere relevante. e) Los daños sufridos o el riesgo de sufrirlos. Se consideran daños el maltrato y los peligros para la salud y el desarrollo del menor.
  2. f) La capacidad de cada progenitor o de la persona que corresponda para tomar en consideración la satisfacción de las necesidades del menor.
  3. g) El rango de las facultades a disposición del Tribunal, esto es, el factor de la regla de la mínima intervención judicial. Esto quiere decir que un Juez puede decidir no intervenir cuando ello pueda crear conflictos o cuando las partes involucradas, estén en condiciones de llegar a acuerdos privados.

Con esto queremos decir que  de los criterios expuestos se estima necesario que para resolver la cuestión judicial planteada, los tribunales manejen unos criterios de lo que pudiera considerarse el superior interés del menor, atendidas las circunstancias particulares de cada caso concreto.

¿Entonces? ¿Significa con esto aquí explicado que todo gira alrededor de este Interés Superior dentro de los Juzgados o Administraciones especializadas en Infancia?

Pues no, para ADENICAT en ocasiones ni se contempla y en otras, no sólo se niega, sino que se oculta.

Consideramos que probablemente algunas raíces de este problema, nacen de la ignorancia sobre asuntos de Infancia, en ocasiones inexcusable, de la rutina asentada en las instituciones y sus trabajadores, de la falta del espíritu de humanidad en los mismos, o por sobrecarga de trabajo o el efecto de “estar quemado”

Nosotros resumimos esto y mucho más en una frase:

Por el Interés Superior de la Infancia no hay ningún interés.

Pero pese a ello, se escribió el art. 2 del Borrador del Anteproyecto de Ley de Actualización de la Legislación sobre Protección a la Infancia, que habla precisamente del interés superior de la Infancia, estableciendo en cinco apartados su regulación.

El primer apartado lo considera el principio básico de aplicación a la niñez, sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Como criterios generales a considerar en el principio a cada supuesto,  el apartado segundo establece:

(a) el respeto a los deseos, sentimientos y opiniones del menor,

(b) la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado,

(c) el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas, educativas como emocionales y afectivas,

(d) la preservación de la identidad del niño: su sexualidad, cultura, religión, idioma entre otros, así como la no discriminación del mismo por estas o cualquier otras condiciones, debiendo garantizar el desarrollo anímico de la personalidad.

Y estos criterios generales antes expuestos serán estudiados teniendo en cuenta los siguientes elementos generales, que a la vez, serán también valorados basándose en los principios de necesidad y proporcionalidad, y que serán los siguientes:

(1) la edad y nivel de madurez del niño,

(2) su situación de especial vulnerabilidad provocada por su discapacidad, carencia de entorno familiar, condición de refugiado o solicitante de asilo o de protección subsidiaria, o cualquier otra característica o circunstancia relevante,

(3) el peculiar efecto que el transcurso del tiempo tiene en los menores,

(4) la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten y, por último

(5) aquellos otros elementos de ponderación que sean considerados pertinentes en el caso concreto y respeten los derechos del niño.

La normativa más actual establecida atendiendo al Interés Superior de la Infancia y Adolescencia, viene del CONVENIO EUROPEO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, vigente en España y de obligado cumplimiento desde el pasado 1 de abril de 2015, que tiene como objetivo promover, en aras del interés superior de los niños, sus derechos, de concederles derechos procesales y facilitarles el ejercicio de esos derechos velando por que los niños, por sí mismos, o a través de otras personas u órganos, sean informados y autorizados para participar en los procedimientos que les afecten ante una autoridad judicial.

Desgraciadamente, ya nos hemos encontrado con jueces que pese a que está vigente dicho convenio, hacen caso omiso.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:

Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor

Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.

Convención sobre los Derechos del Niño.

Circular 8/2011 de la Fiscalía General del Estado de 11 de noviembre de 2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores.

Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996

Ponencia del Ilustrísmo Fiscal de la  Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado Don Antonio Jesús Huélamo Buendía.

Con la colaboración del Ilustre Letrado Don Miguel Gutiérrez Alberiche, especializado en familia, Infancia y Adolescencia.