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Si tienes alguna circunstancia o alguna situación que contar, en referencia a actuaciones de la Administración, dónde presuntamente se estén vulnerando los Derechos y las Oportunidades de la Infancia en Cataluña, ponemos a disposición un grupo de Facebook, donde podréis explicaros, compartir y conocer de otros ciudadanos que están pasando por situaciones similares.
Para poder recibir más información, podéis escribir un correo electrónico a adenicatalunya@gmail.com y os informaremos de los pasos y requisitos para acceder al Grupo.
Muchas Gracias
ADENICAT
Asociación para la Defensa de los Derechos y las Oportunidades de las niñas , niños y adolescentes de Cataluña
adenicatalunya@gmail.com
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¿Usted quién es? Yo soy la Fiscal ¿No está para proteger mis Derechos? No. Palabra de niño.

¿Usted quién es? .Yo soy la Fiscal. ¿Es usted Fiscal de Menores? No, no lo soy. ¿No está para proteger mis Derechos? No.

M., un niño adolescente de 12 años.

Todo esto en Sala Judicial, en un proceso dónde primaba el interés Superior del Niño.

Muy mal Señora Fiscal, muy mal y muy mal por lo siguiente:

PRIMERO:  El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Ley y no una “Ley” cualquiera, lo dice la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley por la que cualquier Fiscal respira.

SEGUNDO:  La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual España, el día 26 de enero de 1990, firmó en Nueva York y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en su artículo 3 dice:

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Llegados aquí, vemos que la señora Fiscal del asunto no sabe o no quiere saber o presuntamente padece ignorancia inexcusable sobre la definición “Interés Superior del Niño”, pero nosotros, queriendo aportar nuestro granito, se lo recordamos en el siguiente punto:

Lo haremos en dos partes, El papel del Fiscal ante niños y el Interés Superior de los Niños.

Como bases de la actuación del Ministerio Público y por ende, del Fiscal de Sala Coordinador de Menores y de las Secciones de Menores territoriales debe partirse del principio del superior interés del menor (art. 3 de la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, -en adelante CDN- y art. 1 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, -en adelante LOPJM-), tanto en materia de protección (arts. 9, 18, 20 y 21 CDN, art. 172.4 CC), como en relación con el sistema de justicia juvenil (arts. 37, 40 y 41 CDN; arts. 1 y 7.3 LORPM). En este último ámbito también será base de la actuación de la Fiscalía la necesidad de preservar los intereses legítimos de las víctimas.

Habrá igualmente de partirse de que el menor no es solo objeto de protección sino que también es sujeto de derechos.

Los menores son personas y como tales deben ser tratados, en tanto titulares de los derechos propios inherentes a su condición humana, sin perjuicio de las modulaciones en el ejercicio exigidas por la especial naturaleza evolutiva de su personalidad.

Los Sres. Fiscales deben hacer patente en todas sus intervenciones respecto de menores su función de garantes de los derechos fundamentales y libertades públicas y, particularmente, tendrán en cuenta la defensa de los intereses del menor y del libre y equilibrado desarrollo de su personalidad, conjugado con la defensa de la legalidad y de los perjudicados por la acción del menor, el interés público tutelado por la Ley y el interés social.

Pero en todo caso, la guía principal de actuación del Fiscal en materia de menores ha de ser el principio del superior interés del menor que, en palabras del máximo intérprete de la Constitución, es norma de orden público, y por consiguiente, de insoslayable observancia en el Ordenamiento jurídico español (ATC nº 28/2001, de 1 febrero).

Este principio debe entenderse desde la consideración preferente del posible beneficio que cualquier actuación concreta pueda propiciar, directa o indirectamente, en relación con la cobertura
de las específicas necesidades del menor y la garantía de sus derechos, orientado a su desarrollo armónico y pleno, a la adquisición de su autonomía personal, y a la facilitación de su integración familiar y social.

Se ha dicho que el buen funcionamiento de los servicios de atención a la infancia es uno de los sensores más importantes del nivel de desarrollo de una Sociedad.

Incluso podría decirse que la forma con que una Comunidad trata a sus menores es el indicador más sensible de su nivel de desarrollo político, social y ético.

En este cometido, el eficaz cumplimiento por el Fiscal de los deberes que legalmente le han sido asignados ha de ser un motor de impulso y mejora, pues la presencia del Ministerio Público en todos los ámbitos en que se dilucidan las medidas convenientes para la protección o reforma de los menores le atribuye una posición ideal para actuar como elemento de cohesión y de coordinación entre las distintas instituciones implicadas.

En definitiva, el Fiscal de Sala Coordinador de Menores y las Secciones de Menores de las Fiscalías serán, dentro del Ministerio Público, los depositarios de la obligación de actuar en defensa de los intereses de los menores, no solamente como promotores de la acción de la Justicia dentro del proceso, sino también fuera de él, como superiores vigilantes de las actuaciones protectoras de las Entidades Públicas de Protección de Menores.

Y como insignia de las actuaciones, el Interés Superior de los Niños:

El interés del niño ha de considerarse superior a los demás intereses en juego y su exigibilidad no queda al criterio de los Estados. La rotundidad de este postulado se deriva de la posición de partida de los niños, que tienen menores posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios intereses, en unos ámbitos de decisión que no están pensados para que ellos participen. Desde la perspectiva sociológica, el Comité afirma que «si los intereses del niño no se ponen de relieve, se suelen descuidar».

La trascendencia de este principio lleva a que el artículo 11.2.a), de la Ley Orgánica 1/1996, lo considere uno de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos, y como tal es referido en múltiples normas internas.

• Estamos ante un concepto complejo y no univoco, que debe determinarse caso por caso. El Comité alude a que se trata de un concepto «flexible y adaptable… teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales».

La carga psicosocial que gravita en la noción del interés superior del menor y la presencia de elementos no racionales lo convierten en un concepto jurídico de vagos contornos, al que  nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia 55/1996, se ha referido como una «zona de incertidumbre o penumbra». Ello supone la principal dificultad a la que deben enfrentarse las autoridades que adoptan decisiones en este ámbito. Algunas normas autonómicas intentan, no obstante, abordar la tarea de objetivar este concepto.

• A la dificultad intrínseca que implica la determinación del superior interés del menor en cada caso ha de unírsele el riesgo de abuso del mismo por parte de autoridades, fruto de determinaciones apriorísticas por motivaciones ideológicas o por prioridades en la asignación de recursos públicos; por los padres o tutores, en defensa de sus propios intereses; o por los profesionales implicados, que pueden desatender la obligación de contemplar el interés superior por considerarlo carente de importancia o por padecer limitaciones de medios que le compliquen asumir esta tarea.

El deber de escuchar la opinión del niño es una garantía frente a este riesgo.

 

Ante este vacío, el pasado mes de abril del año 2015, entró en vigor en España el INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, emitido por la JEFATURA DEL ESTADO y publicado en el B.O.E. num. 45  de fecha 21 de febrero de 2015

En este documento se dice en su articulado:

En los procedimientos que afecten a un niño, la autoridad judicial, antes de tomar cualquier decisión, deberá:
a. examinar si dispone de información suficiente con el fin de tomar una decisión en el interés superior de aquél y, en su caso, recabar información complementaria, en particular de los titulares de las responsabilidades parentales;
b. cuando según el derecho interno se considere que el niño posee discernimiento suficiente:
– asegurarse de que el niño ha recibido toda la información pertinente;
– consultar personalmente al niño en los casos oportunos, si es necesario en privado, directamente o por mediación de otras personas u organismos, de una forma apropiada a su discernimiento, a menos que ello sea manifiestamente contrario a los intereses superiores del niño;
– permitir al niño expresar su opinión;
c. tener debidamente en cuenta la opinión expresada por el niño.
Señora Fiscal, cuando vuelva a tener a un niño, niña y/o adolescente en Sala o en cualquier otra situación , comience a tener en debida cuenta el Interés Superior del Niño, la escucha del niño, sus Derechos y Oportunidades y sus anhelos, recuerde que son la parte más vulnerable de nuestra sociedad y si tiene dudas, póngase en contacto con nosotros, entusiasmados le atenderemos.
Fuentes:

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Convención sobre los Derechos del Niño.

Circular 3/2008 Sala coordinadora de Menores. Fiscal General del Estado.

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996.

 

 

 

MARCEL, UN NIÑO QUE NO ES ESCUCHADO COMO TANTOS OTROS

En el año 2014 la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó en las Cortes Generales el estudio “La escucha y el interés superior del menor. Una Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia” que analizaba si los menores son adecuadamente escuchados en los procedimientos judiciales que les afectan, si sus opiniones se toman en cuenta y si se respeta su interés superior, como establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Nos ha quedado claro que esto no es así, se sigue sin tener en cuenta las opiniones, los anhelos y las ilusiones de nuestra infancia.

Se siguen vulnerando los derechos de los niños.

Se sigue tratando a la infancia como meros objetos y no como sujetos de plenos derechos.

Es por ello que ADENICAT seguirá difundiendo y denunciando estas vulneraciones.

Esta vez, nos llega desde un vídeo subido al portal web You Tube de un adolescente de casi 13 años que pide ser escuchado por el Fiscal de Menores de Barcelona. Entre sus peticiones está la de volver a casa con su padre.

Marcel con su 13 años de vida, ya ha descubierto que el sistema judicial y en especial el sistema de protección de la infancia de Cataluña, en teoría diseñados para proteger, en ocasiones falla. Esto ha ocurrido con Marcel y desde hace años las circunstancias administrativas hacen difícil que se le respeten los derechos más básicos. Lo retuvieron durante cinco meses en un centro tutelado de menores sin ninguna necesidad.

La Dirección de Asistencia a la Infancia y Adolescencia de Cataluña (D.G.A.I.A.) lo dejó libre del CRAE dónde estaba ingresado bajo su tutela y Marcel pudo vivir con su padre, hasta ahora.

El pasado día 28 de mayo, un juez aplicó la sentencia de julio de 2014 que denegaba la custodia compartida al padre y obligaba Marcel a vivir con la madre. Al día siguiente, Viernes, 29 de mayo, Marcel, bajo la custodia de la madre, ya no fue a la escuela, Tampoco fue a las colonias escolares que con ilusión esperaba. Tampoco pudo asistir para jugar el último partido de competición de la Copa Catalunya con su equipo de hockey hierba.

Ese mismo día Marcel registraba este vídeo.

ADENICAT ha envíado un escrito al Fiscal de menores Juan José Márquez Bonvehí donde incluímos la petición que hace Marcel, que no es otra que la de su obligación: Elevarse por el Interés Superior de Marcel y ser garante defensor de sus derechos. Tiene la pelota el Ilustrísimo Fiscal de menores, el partido continúa.

Aquí tenéis el video de Marcel: https://www.youtube.com/watch?v=KQmu0-dYNxw