¿Usted quién es? Yo soy la Fiscal ¿No está para proteger mis Derechos? No. Palabra de niño.

¿Usted quién es? .Yo soy la Fiscal. ¿Es usted Fiscal de Menores? No, no lo soy. ¿No está para proteger mis Derechos? No.

M., un niño adolescente de 12 años.

Todo esto en Sala Judicial, en un proceso dónde primaba el interés Superior del Niño.

Muy mal Señora Fiscal, muy mal y muy mal por lo siguiente:

PRIMERO:  El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Ley y no una “Ley” cualquiera, lo dice la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley por la que cualquier Fiscal respira.

SEGUNDO:  La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual España, el día 26 de enero de 1990, firmó en Nueva York y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en su artículo 3 dice:

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Llegados aquí, vemos que la señora Fiscal del asunto no sabe o no quiere saber o presuntamente padece ignorancia inexcusable sobre la definición “Interés Superior del Niño”, pero nosotros, queriendo aportar nuestro granito, se lo recordamos en el siguiente punto:

Lo haremos en dos partes, El papel del Fiscal ante niños y el Interés Superior de los Niños.

Como bases de la actuación del Ministerio Público y por ende, del Fiscal de Sala Coordinador de Menores y de las Secciones de Menores territoriales debe partirse del principio del superior interés del menor (art. 3 de la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, -en adelante CDN- y art. 1 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, -en adelante LOPJM-), tanto en materia de protección (arts. 9, 18, 20 y 21 CDN, art. 172.4 CC), como en relación con el sistema de justicia juvenil (arts. 37, 40 y 41 CDN; arts. 1 y 7.3 LORPM). En este último ámbito también será base de la actuación de la Fiscalía la necesidad de preservar los intereses legítimos de las víctimas.

Habrá igualmente de partirse de que el menor no es solo objeto de protección sino que también es sujeto de derechos.

Los menores son personas y como tales deben ser tratados, en tanto titulares de los derechos propios inherentes a su condición humana, sin perjuicio de las modulaciones en el ejercicio exigidas por la especial naturaleza evolutiva de su personalidad.

Los Sres. Fiscales deben hacer patente en todas sus intervenciones respecto de menores su función de garantes de los derechos fundamentales y libertades públicas y, particularmente, tendrán en cuenta la defensa de los intereses del menor y del libre y equilibrado desarrollo de su personalidad, conjugado con la defensa de la legalidad y de los perjudicados por la acción del menor, el interés público tutelado por la Ley y el interés social.

Pero en todo caso, la guía principal de actuación del Fiscal en materia de menores ha de ser el principio del superior interés del menor que, en palabras del máximo intérprete de la Constitución, es norma de orden público, y por consiguiente, de insoslayable observancia en el Ordenamiento jurídico español (ATC nº 28/2001, de 1 febrero).

Este principio debe entenderse desde la consideración preferente del posible beneficio que cualquier actuación concreta pueda propiciar, directa o indirectamente, en relación con la cobertura
de las específicas necesidades del menor y la garantía de sus derechos, orientado a su desarrollo armónico y pleno, a la adquisición de su autonomía personal, y a la facilitación de su integración familiar y social.

Se ha dicho que el buen funcionamiento de los servicios de atención a la infancia es uno de los sensores más importantes del nivel de desarrollo de una Sociedad.

Incluso podría decirse que la forma con que una Comunidad trata a sus menores es el indicador más sensible de su nivel de desarrollo político, social y ético.

En este cometido, el eficaz cumplimiento por el Fiscal de los deberes que legalmente le han sido asignados ha de ser un motor de impulso y mejora, pues la presencia del Ministerio Público en todos los ámbitos en que se dilucidan las medidas convenientes para la protección o reforma de los menores le atribuye una posición ideal para actuar como elemento de cohesión y de coordinación entre las distintas instituciones implicadas.

En definitiva, el Fiscal de Sala Coordinador de Menores y las Secciones de Menores de las Fiscalías serán, dentro del Ministerio Público, los depositarios de la obligación de actuar en defensa de los intereses de los menores, no solamente como promotores de la acción de la Justicia dentro del proceso, sino también fuera de él, como superiores vigilantes de las actuaciones protectoras de las Entidades Públicas de Protección de Menores.

Y como insignia de las actuaciones, el Interés Superior de los Niños:

El interés del niño ha de considerarse superior a los demás intereses en juego y su exigibilidad no queda al criterio de los Estados. La rotundidad de este postulado se deriva de la posición de partida de los niños, que tienen menores posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios intereses, en unos ámbitos de decisión que no están pensados para que ellos participen. Desde la perspectiva sociológica, el Comité afirma que «si los intereses del niño no se ponen de relieve, se suelen descuidar».

La trascendencia de este principio lleva a que el artículo 11.2.a), de la Ley Orgánica 1/1996, lo considere uno de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos, y como tal es referido en múltiples normas internas.

• Estamos ante un concepto complejo y no univoco, que debe determinarse caso por caso. El Comité alude a que se trata de un concepto «flexible y adaptable… teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales».

La carga psicosocial que gravita en la noción del interés superior del menor y la presencia de elementos no racionales lo convierten en un concepto jurídico de vagos contornos, al que  nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia 55/1996, se ha referido como una «zona de incertidumbre o penumbra». Ello supone la principal dificultad a la que deben enfrentarse las autoridades que adoptan decisiones en este ámbito. Algunas normas autonómicas intentan, no obstante, abordar la tarea de objetivar este concepto.

• A la dificultad intrínseca que implica la determinación del superior interés del menor en cada caso ha de unírsele el riesgo de abuso del mismo por parte de autoridades, fruto de determinaciones apriorísticas por motivaciones ideológicas o por prioridades en la asignación de recursos públicos; por los padres o tutores, en defensa de sus propios intereses; o por los profesionales implicados, que pueden desatender la obligación de contemplar el interés superior por considerarlo carente de importancia o por padecer limitaciones de medios que le compliquen asumir esta tarea.

El deber de escuchar la opinión del niño es una garantía frente a este riesgo.

 

Ante este vacío, el pasado mes de abril del año 2015, entró en vigor en España el INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, emitido por la JEFATURA DEL ESTADO y publicado en el B.O.E. num. 45  de fecha 21 de febrero de 2015

En este documento se dice en su articulado:

En los procedimientos que afecten a un niño, la autoridad judicial, antes de tomar cualquier decisión, deberá:
a. examinar si dispone de información suficiente con el fin de tomar una decisión en el interés superior de aquél y, en su caso, recabar información complementaria, en particular de los titulares de las responsabilidades parentales;
b. cuando según el derecho interno se considere que el niño posee discernimiento suficiente:
– asegurarse de que el niño ha recibido toda la información pertinente;
– consultar personalmente al niño en los casos oportunos, si es necesario en privado, directamente o por mediación de otras personas u organismos, de una forma apropiada a su discernimiento, a menos que ello sea manifiestamente contrario a los intereses superiores del niño;
– permitir al niño expresar su opinión;
c. tener debidamente en cuenta la opinión expresada por el niño.
Señora Fiscal, cuando vuelva a tener a un niño, niña y/o adolescente en Sala o en cualquier otra situación , comience a tener en debida cuenta el Interés Superior del Niño, la escucha del niño, sus Derechos y Oportunidades y sus anhelos, recuerde que son la parte más vulnerable de nuestra sociedad y si tiene dudas, póngase en contacto con nosotros, entusiasmados le atenderemos.
Fuentes:

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Convención sobre los Derechos del Niño.

Circular 3/2008 Sala coordinadora de Menores. Fiscal General del Estado.

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996.

 

 

 

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