MANIFIESTO DE ADENI

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MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN PARA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN CATALUÑA
de ADENI Cataluña, el Sábado, 2 de febrero de 2013 a la(s) 19:28 ·

 

Adeni Cataluña quieren llamar la atención sobre la grave indefensión judicial y la vulneración de los derechos de los Niños y Las Niñas cuyas visitas paterno-filiales son derivadas judicialmente a los puntos de encuentro y que proceden en su mayoría de los hogares violentos o que han sufrido maltrato físico y psíquico, abandono manifiesto del Niño o la Niña por periodos largos de tiempo, e incluso abusos sexuales, y en cuyo caso no se puede efectuar la mediación familiar.

Es imprescindible subrayar que los Niños y Las Niñas son los protagonistas invisibles de un drama que se desarrolla entre bambalinas, pues cuando no han sido víctimas directas de los abusos o de la violencia, han visto cómo ésta se ejercía sobre uno de sus progenitores.

Nuevos instrumentos jurídicos como la Ley de Divorcio, la Ley de Protección jurídica del menor o la Ley Integral contra la Violencia de Género o la Ley sobre los Derechos y las Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia en Cataluña suponen un avance sustancial frente a anteriores situaciones de precariedad o de vacío legal, pero nos encontramos que la aplicación de estas leyes está siendo a todas luces insuficiente, en muchos casos incomprensible y en ocasiones sencillamente contraria tanto a la letra como al espíritu de la ley y al interés superior del menor.

Si bien ha supuesto un notable avance en este sentido tanto la STS 565/09 como la STS 320/11 que recogen que éste es garantizar la estabilidad física y psíquica de los Niños y Las Niñas, y la protección de sus derechos, al tiempo que se olvida o infringe la Convención de los Derechos del Niño concebida para garantizar los derechos de la infancia y la Ley 14/2010 de los Derechos y las Oportunidades de la Infancia y Adolescencia en Cataluña y cuántos Protocolos existen en ésta Comunidad.

La interpretación y aplicación y el desarrollo que en la práctica se está haciendo de estas normativas impiden que los esfuerzos legislativos ofrezcan unos resultados positivamente contrastables.

De nada sirven las leyes si no se aplican con contundencia o se convierten en papel mojado, y de nada las declaraciones y escritos, reducidos a una mera proclamación de buenas intenciones en las que se esboza un escenario de “final feliz” que en modo alguno se corresponde con la realidad.

El asunto que nos ocupa es de la máxima importancia, puesto que no hablamos de bienes inmuebles, de objetos o de propiedades fácilmente susceptibles de regulación u homologación; hablamos de seres humanos que necesitan soluciones a la medida de su particular situación emocional y social; hablamos de Niños y Niñas en proceso de formación de su personalidad, que están viendo sus vidas truncadas por las instituciones que supuestamente deberían defenderlos. Así, la protección integral de los Niños y Las Niñas inmersos de manera directa o indirecta en un contexto de maltrato o incluso de abusos sexuales, y su reconocimiento como sujetos de pleno derecho, exige una intervención inmediata y decidida de los poderes públicos.

No nos vale con llenarse la boca de grandes palabras o hacernos creer que  al Poder Público no le temblará el pulso cuando ni tan siquiera hace el gesto de levantar la mano.

Hacen falta grandes y valientes actos.

La negligencia, la ignorancia inexcusable y la cobardía deben ser perseguidas, condenadas y castigadas, cuando el daño resultante de estas actitudes, recaen y dañan el interés superior, el bienestar y la protección de los Niños y las Niñas.

La complejidad y la trascendencia del asunto que nos ocupa precisan una descripción pormenorizada, aunque breve, de las situaciones que en este escenario se están produciendo.

Las personas que se atreven a denunciar la situación de que ellas o sus hijos están siendo víctimas se ven automáticamente convertidas en sospechosas. Son todavía observadas con rechazo y con recelo por haber sido maltratadas; son sospechosas de “inventar” acusaciones de malos tratos o de abusos sobre sus hijos –aunque las estadísticas demuestren que el número de falsas denuncias es insignificante si se compara con la magnitud de los casos probados e idéntico a otras situaciones–; y son ante todo sospechosas de manipular a sus hijos, de inculcarles el odio hacia el otro progenitor. Se invierte así la carga de la prueba, dando por sentado que los denunciantes son culpables y obligándoles a demostrar su inocencia. Y a los Niños y las Niñas simplemente no se les cree, aduciendo que lo que narran es increíble o que es fruto de su imaginación a pesar de que existan partes de lesiones, pero la ausencia de testigos en la mayoría de los casos en los que ocurre la violencia doméstica hace que las denuncias sean archivadas, y ello a pesar de la doctrina del TS en cuanto a la declaración de la víctima como prueba de cargo cuando reúne las características de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud o persistencia en la incriminación,

La lista de atropellos judiciales es lamentablemente extensa: negación al Niño de su derecho a ser escuchado en los procesos judiciales –y escuchado casi nunca significa atendido–; imposición de un régimen de visitas entre el Niño y la Niña y uno de los progenitores o cambio de la guarda y custodia de los Niños y las Niñas en contra de su voluntad, so pretexto de que están manipulados; juicios que se celebran sin presencia del fiscal de menores que garantice la debida protección de los Niños y las Niñas; sentencias que incurren sistemáticamente en el dislate de dictar orden de alejamiento del maltratador  con respecto a la madre y obligación simultánea de que ésta favorezca la relación paterno-filial mediante el cumplimiento del régimen de visitas que el juez estime oportuno establecer. Madres o padres que por proteger a sus hijos cometen un delito de desobediencia y son condenados a prisión o a pagar multas, mientras que otros progenitores custodios o no custodios desobedecen el régimen de visitas cuando les viene  en gana y con la misma impunidad incumplen con su deber de contribuir a los gastos de manutención de sus hijos sin que ocurra nada.

El origen de esta cadena de desafueros no es otro que un error de concepto o una filosofía cuando menos cuestionable, cual es el derecho inalienable del progenitor sobre los hijos menores, sin realizar previamente la elemental reflexión de que cierta clase de individuos no son modelos adecuados para un Niño o una Niña, sino todo lo contrario; o que simplemente los Niños y las Niñas no quieren estar con ellos porque no existe ningún vínculo; sin analizar las perniciosas consecuencias que estas relaciones impuestas y repudiadas pueden tener en la evolución y el desarrollo de los Niños y las Niñas; sin estudiar con un mínimo de rigor por qué rechazan el contacto con su progenitor; sin entender, una vez que el rechazo se manifiesta, que ésta quizá sea la respuesta natural de los Niños y las Niñas que han sufrido situaciones de abusos o de violencia; sin que prime, en definitiva, “el interés superior del menor”. Y así como antes se señalaba que se invertía la carga de la prueba, se invierte también el derecho del Niño, cuyo derecho a las visitas pasa a convertirse en una obligación, cuando no se antepone directamente el derecho del progenitor, por encima del bienestar del menor, y ello a pesar de que la Constitución española y la Convención de los Derechos del Niño sólo reconoce derechos a los Niños y las Niñas y obligaciones a los progenitores, llegándose a situaciones de acoso y maltrato a los Niños y las Niñas por los trabajadores de los puntos de encuentro.

El catálogo de aberraciones se ve oportunamente respaldado desde algunos sectores de la psicología forense mediante un nuevo descubrimiento de incipiente uso en los juzgados españoles al servicio de la destrucción psicológica de los menores: el Síndrome de Alienación Parental (SAP). Este supuesto síndrome, formulado por el psicólogo estadounidense Richard Gardner, cuyo antecedente nominal es “síndrome de la madre maliciosa asociado al divorcio”, y rechazado por acientífico por la Organización Mundial de la Salud ni por el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), se ha convertido en herramienta irrefutable de los “expertos” para justificar e imponer la relación de los Niños y las Niñas con progenitores maltratadores o con los que los Niños y las Niñas no mantienen vínculo alguno o incluso con presuntos abusadores, y que conlleva la imposición del régimen de visitas e incluso el cambio de guarda y custodia en contra de la voluntad del  Niño o la Niña, con el argumento de alejar así a los Niños y las Niñas de los peligros de unas madres que los manipulan y dando implícitamente por sentado que los padres no manipulan en ningún caso o viceversa.

Las visitas establecidas por sentencia judicial se realizan en los Puntos de Encuentro, que llevan años funcionando sin ninguna normativa legal y son gestionados por asociaciones privadas en las que los poderes públicos han delegado la coordinación y el seguimiento de estos contactos. La función de los puntos de encuentro como centros públicos oficiales es de garantizar el derecho de visitas de los Niños y Las Niñas con los progenitores que de acuerdo al Art. 9 de la CDN no puede convertirse en una obligación e informar periódicamente al juzgado acerca de su desarrollo y evolución.

Ante la ausencia de legislación específica, el funcionamiento de estos centros esté siendo arbitrario, desigual y en muchos casos desastroso, tan es así que ya ha merecido estudios informe de la asociación Save The Children, el defensor del menor y la FGE para denunciar las situaciones que en este sentido se están produciendo.

Entre las deficiencias de su actuación destaca principalmente:

– el desconocimiento de la legislatura vigente y/o su incumplimiento,

-la falta de coordinación con los sectores de atención a la infancia, de Salud, Enseñanza y Asuntos Sociales,

-el escaso nivel de formación de las personas que trabajan en los Puntos de Encuentro, en ocasiones muy jóvenes, sin ninguna experiencia profesional y sin la necesaria madurez emocional para intervenir en un contexto sumamente delicado, todo lo cual puede contaminar sus intervenciones. Podríamos tomar como ejemplo el Responsable del Punto de Encuentro de Vilanova i La Geltru, Psicólogo de Profesión, pero que su carrera se enfocó y desarrolló en pacientes mayores afectados por Alzeimer con alguna que otra presencia en seminarios sobre los Puntos de Encuentro, pero en calidad de invitado, sin ser ponente ni participante.

Se suma una permanente rotación del personal, que podría esconder situaciones de precariedad laboral y que impide al usuario tener un único interlocutor plenamente informado y responsabilizado de su caso. Muchas veces, los puntos de encuentro no son lugares neutrales que dan cuenta de la situación de los Niños y Las Niñas y de sus manifestaciones, sino que se llega a someter a los Niños y Las Niñas a coacciones, amenazas y acosos semanales, cuando no malos tratos, para dar cumplimiento a los regímenes de visitas y crear o reestablecer los vínculos con el progenitor no custodio, destrozando psicológicamente a los Niños y Las Niñas, y dando lugar a los llamados Niños PDE por la cantidad de atención sicológica, siquiátrica y pediátrica que necesitan.

Los informes que se emiten desde los puntos de encuentro son incomprensiblemente parciales y sesgados, pues anteponen sistemáticamente la ejecución de la sentencia judicial –sin tener en cuenta que es una fase más del procedimiento- por encima del bienestar y los derechos del Niño. Incurren además en irregularidades administrativas como remitir al juzgado informes que no van firmados por ningún profesional o no emitirlos en el plazo debido. Su intervención puede prolongarse durante años, cuando inicialmente han sido concebidos como recursos temporales de breve duración. La incomprensible dilatación de los procesos podría responder a intereses espurios, como perpetuar un posible negocio a costa de las arcas públicas, y en todo caso manifiesta sin ningún género de dudas un fracaso en su modelo de actuación y en la consecución de sus objetivos.

No se entiende tampoco la inhibición judicial tras la promulgación de la sentencia, momento en que todas las competencias y la responsabilidad sobre el bienestar del Niño y la Niña quedan en manos de los puntos de encuentro, cuando éstos no deberían ser sino meros instrumentos al servicio de la justicia. ¿Realizan los juzgadores un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de sus propias sentencias? ¿Controlan que los informes han de prestar una particular atención a la situación, el estado de ánimo y las manifestaciones de los Niños y Las Niñas? Todo parece indicar que no siempre, o no en la mayoría de los casos, pues sólo así se explica la interminable prolongación de los procedimientos y la vulneración sistemática del derecho del Niño y la Niña ser

escuchado que se comete en los puntos de encuentro.

Esta intolerable situación, que condiciona las vidas presentes y futuras de los Niños y Las Niñas, tiene su origen en el mismo error de concepto ya mencionado anteriormente: quienes dirigen, coordinan y gestionan estos centros parecen aquejados de los males del pensamiento único, que se traducen en el convencimiento absoluto e incuestionable de que la relación entre el Niño y la Niñay el progenitor no custodio o custodio debe continuar o restablecerse a toda costa, con independencia de los daños que esto pueda ocasionar a los Niños y Las Niñas.

Los puntos de encuentro pueden ser un recurso adecuado en situaciones de pequeñas desavenencias familiares, pero cuando los menores proceden de hogares violentos, cuando los vínculos emocionales se han destruido por completo o no han existido nunca, cualquier intervención está fuera de lugar. En todo caso, parece sensato exigir que, si existen, su funcionamiento sea regulado de inmediato, que sea supervisado periódicamente por evaluadores independientes de reconocida solvencia que analicen tanto los protocolos de actuación como el éxito, el fracaso, el enfoque o la idoneidad de sus intervenciones, y que los resultados de esta evaluación se hagan públicos, así como que se practiquen sobre ellos auditorías anuales.

Adeni Cataluña surge como resultado de la frustración de muchas personas que, después de haber visto las vidas de sus hijos destrozadas, no han encontrado en las instituciones la respuesta y la ayuda que necesitan.

Especialmente lamentable en este sentido es la inoperancia manifiesta del Defensor del Menoren Cataluña, que a la vez es el Procurador de los Niños y  que carece de competencias para intervenir cuando el caso está en manos de la justicia, pero que tampoco exige una ampliación de las mismas ni promueve los cambios legislativos que le permitan ejercer sus funciones con eficacia, ni efectúa tareas de control sobre el funcionamiento de los puntos de encuentro. E igualmente inexplicable es la ausencia de reacción en la fiscalía del menor, que debería velar rigurosamente por el “interés superior del menor” y los derechos de la infancia y lo hace a medias en unas y en otras ocasiones nunca.

Por todo lo anterior, consideramos imprescindible un debate en profundidad, público y multidisciplinar -legisladores, jueces, fiscales, secretarios judiciales, pediatras, psiquiatras, psicólogos, educadores y docentes infantile, trabajadores sociales y usuarios de los puntos de encuentro-, que sitúe a los Niños y Las Niñas en el primer plano de la escena y ponga fin a la vulneración de sus Derechos.

Con nuestra asociación queremos crear una red de colaboración entre jueces, fiscales, abogados, psicólogos y todos aquellos vinculados al entorno de los Niños y Niñas y lo único que pretendemos es que los niños sean felices, es decir, que se dé estricto cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño, que según Prodeni, otra asociación de defensa de los derechos del niño ubicada en Andalucía y que lleva 25 años luchando por ello, sólo se aplica en un 5% en la administración de la justicia y nosotros lo extendemos a los puntos de encuentro.

Para ello proponemos cambios de legislación y creación de la unidad de acción en fiscalía, y en ese sentido estamos muy esperanzados, no sólo por la exquisita sensibilidad de la Señora Ana Pi Ferre del Sindic de Greugues y de la Fiscal de Menores-Protección de Barcelona Señora Cristina Anglada con los temas de la infancia, sino porque en la magnífica legislación que regula su función, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, recoge que ante cualquier anomalía en el funcionamiento de la administración de la justicia puede dirigirse al Consejo General del Poder Judicial, para solicitar cambios de legislación a fin de que penetre el espíritu de la Convención de los Derechos del Niño, como ha hecho dicho Consejo con la ley de violencia contra la mujer, y a la fiscalía general del Estado, para pedir la unidad de acción eficazen fiscalía, y que ésta en cumplimiento del art 124 de la Constitución Española promueva la acción de la justicia a fin de garantizar el bienestar de los niños, recogido en el art 2 de la Convención de los Derechos del Niño, y que tan magníficamente ha desarrollado el Tribunal Supremo en sus sentencias STS 565/09 y STS 320/11 que no es sino garantizar su estabilidad física y psíquica, y defender/proteger sus derechos, en su aclaración sobre el concepto de interés superior del menor, porque desgraciadamente en un sector de la administración de la justicia y los abogados de la contraparte, este concepto supone la presunta aplicación perversa del derecho de visitas en beneficio de los progenitores, anteponiendo el art 94 del Codigo civil al 9 de la convención de los derechos del niño que recoge en su artículo 9 que el derecho de visitas es un derecho de los niños que no puede convertirse en una obligación, y a pesar de que dicha convención tiene rango de máxima ley.

En Adeni Cataluña nos preocupa el tema del maltrato infantil. Como saben no es un tema trivial por cuanto que afecta a cerca de un millón de niños en toda España, toda vez que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la violencia machista/doméstica es una forma de maltrato infantil.

Desgraciadamente según los datos de Prodeni y Save the children sólo se denuncia entre un 5 y un 10% de los casos, por cuanto que según hemos sido informados en el caso del presunto maltrato infantil en ausencia de testigos, desistes de ello por cuanto que te informan que no va a servir de nada, que lo único que va a servir es que maren al niño, o incluso peor, como le dijo un antiguo defensor del menor a una madre: “¿Cómo se le ha ocurrido denunciar unos abusos sin las pruebas biológicas? Porque en familia la van a freir”.

Efectivamente, la sección 22 de la AP de Madrid determinó el cambio de guarda y custodia, pero que afortunadamente en 1ª instancia no se llevó a cabo.

Y en este contexto, lo que nos preocupa es la notificación y la protección.

Como saben, el maltrato infantil es relativamente reciente. Data de finales del siglo XIX cuando en el estado de Nueva York se estableció pero invocando las leyes de protección de los animales ante un caso de maltrato infantil.

En España, hemos asistido a una evolución positiva frente al maltrato.

Así en 2002, la consejería de asuntos sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid estableció un magnífico protocolo de actuación frente al abuso sexual infantil que recogía la sintomatología asociada al mismo, pero al que desgraciadamente se le dio muy poca difusión.

Ese mismo año, y a instancias del muy respetado defensor del pueblo de Andalucia, se establecio un protocolo de actuación frente al maltrato infantil que lo firmaron todas las consejerias que tienen que ver con niños, el fiscal jefe de Andalucia, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, la delegación de gobierno y la federación de municipios, y que sirvió esencialmente para concienciar a los colegios del maltrato infantil, y de la relevancia que tienen los colegios en la lucha contra el maltrato infantil, por cuanto que es en éstos donde primero se manifiestan los síntomas del maltrato, como son la falta de atención en clase, la caída en el rendimiento escolar, los problemas de relacionarse con los compañeros y con el mundo adulto, o  los cambios de comportamiento y carácter sin motivación aparente alguna.

Sin embargo, este protocolo tiene tres problemas fundamentales:

-uno, que no recoge la sintomatología asociada al maltrato infantil

-otro, que divide entre maltrato de media, baja y alta intensidad

-otro, que deriva el caso a Asuntos Sociales, donde presuntamente desconociendo la doctrina del Tribunal Supremo, de que en ausencia de testigos la principal prueba de cargo es la inmediatez del testimonio de los niños, preguntaban al presunto maltratador, éste lo negaba todo y archivaban el caso.

Posteriormente, en 2003, el defensor del menor de Madrid efectuó un estudio sobre el maltrato infantil en los colegios, y puso de manifiesto que el 70% de los profesores conocían alguna situación de maltrato, pero que sólo el 30% lo puso en conocimiento de la autoridad competente, es decir, Asuntos Sociales y Fiscalía de protección, y el resto no lo hizo porque no sabía a donde dirigirse, tal y como ha pasado en la Comunidad de Navarra, donde nos han informado que en guarderías de Navarra han observado presuntas situaciones de maltrato como quemaduras de cigarrillos y golpes, pero que no han hecho nada por lo mismo, porque no sabían que hacer.

Un gran paso contra el maltrato infantil, lo supuso el protocolo de actuación frente al maltrato infantil del observatorio de la infancia de 22 de noviembre de 2007, que lo define como la acción u omisión que provoca una interferencia con el normal desarrollo físico y sicológico de los niños, y que se le ha de dar el tratamiento de urgente, pero que lamentablemente no se le ha dado ninguna difusión ni siquiera entre la fiscalía, y ello a pesar de que en su elaboración participó muy activamente la muy respetada fiscalía de sala de menores de la fiscalía general del estado, creada a instancia del anterior fiscal general del estado, D Cándido Conde-Pumpido para velar por el cumplimiento de la convención de los derechos de los niños,

Y como nos informaba un abogado con décadas de experiencia, el problema de la infancia es que se limita a hacer magníficos estudios pero que luego no sirven para nada, o como nos informaban en el observatorio de la infancia, el problema de los niños y la administración. de la justicia, que nosotros hacemos extensivo a los puntos de encuentro, es que hay muy pocas asociaciones de defensa de los derechos de los niños.

Y tan sólo ha servido para que el 22 de marzo de 2011 se firmara un protocolo de actuación frente al maltrato infantil en la Comunidad Autónoma de Madrid, tomando como ejemplo Andalucía, pero mejorado, por cuanto que tras la detección de un presunto caso de maltrato, el colegio –donde se encuentran los expertos en psicologia infantil y convención de los derechos del niño por cuanto que los consideran sujetos de pleno derecho y que han de garantizar su bienestar- elabora un informe psicopedagógico y lo traslada tanto a fiscalía como a Asuntos Sociales pero que desgraciadamente no recoge la sintomatología asociada al mismo, y no lo ha firmado la consejeria de justicia, con lo cual ha dejado fuera a los funcionarios de dicha administración y a los equipos psicosociales, y ya nos han llegado noticias de que al menos Asuntos Sociales de Móstoles y el punto de encuentro, así como al menos los juzgados de instrucción nº 16, y 1ª Instancia 79 y 80, lo están incumpliendo, y tampoco lo ha firmado el ministerio de justicia, con lo cual han dejado fuera a los secretarios judiciales.

Es por ello, por lo que de cara a la felicidad de los niños y Niñas y de cara a la erradicación del maltrato nos atrevemos a solicitar que efectúen las diligencias oportunas para que se cree este protocolo en Cataluña, y que además sirva de ejemplo a otras comunidades autónomas para que hagan lo propio.

Finalmente, entendemos que la creación de este protocolo ha de ir acompañado de la modificación  del art 176 del Codigo Penal, tal y como nos han sugerido jueces que colaboran con la asociación, para que recoja la definición de maltrato y que se le de el tratamiento de urgente como el de causa con preso,

Y que se establezca la unidad de acción en fiscalía respecto a la de menores/protección de la Audiencia Provincial de Barcelona, para que sea ésta la que lleve todo el maltrato infantil, por cuanto que según nos informó el muy respetado fiscal jefe de Andalucia D Jesús García Calderón funciona tan bien por su especialización, de forma que ante una denuncia, por cuanto que todas las denuncias de maltrato llegan a las fiscalias de menores/protección de todas las provincias españolas, y en la aplicación del principio de mínima intervención, piden la ratificación de la denuncia, y en su caso solicitan la adopción de medidas de protección cautelares para los niños, bien acorde a los articulos 2 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño que recogen que el estado ha de garantizar su bienestar y que tienen derecho a disfrutar del máximo nivel de salud, y lo derivan a las fiscalías de civil e instrucción que adoptan como propia la posición de fiscalía de protección, posición que es adoptada como propia por los jueces, por cuanto que según nos informaba un abogado con décadas de experiencia, los jueces no se oponen a lo que piden los fiscales,

Y a su vez derivan el expediente a asuntos sociales, donde por un lado confluyen la red de atención a la

infancia de salud y educación, es decir los colegios, y los psicólogos y psiquiatras infantiles, por un lado, que es como mencionaba anteriormente están los expertos en psicología infantil y convención de los derechos del niño, por cuanto que saben que la veracidad del testimonio de los niños se basa en su reiteración y que la forma de expresar los malos tratos los niños menores de 8 años es mediante dibujos; y que los partes de lesiones son pruebas objetivas del maltrato si el tipo de la lesión es coincidente con el testimonio del niño o del denunciante respecto a su origen; y por otro lado los puntos de encuentro, que según los estudios efectuados por la Fiscalía General del Estado y el defensor del menor carecen de conocimiento en infancia, es decir en psicología infantil y Convención de los Derechos del Niño y por tanto en Constitución Española, porque desconocen que los jueces y fiscales están para aplicar las leyes, en el caso de los niños,  la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Organica de Protección Jurídica del Menor, y la doctrina del Tribunal Constitucional y el Supremo que es magnifica y solo conocen el dichoso art 94 del Código civil y el temible 776 de la Ley de enjuciamiento civil, de que los progenitores tienen derecho a las visitas y si los niños no cumplen las sentencias, cambio de guarda y custodia o penas de multa o cárcel, y de ahí, el si no te vas con tu padre, no vas a volver a ver a tu madre, o ira a la cárcel , o tendrá problemas, con los que presuntamente coaccionan a nuestros hijos, tipificado en el articulo 172 del Codigo penal, que no quieren cumplir las sentencias judiciales por ausencia de vínculos de afecto, seguridad o superación del conflicto con el padre a edades tempranas a la adolescencia, en los puntos de encuentro de toda España.

Como ven, lo nuestro es el vicio de pedir, pero estoy seguro, que gracias a su exquisita sensibilidad y

probada eficacia el protocolo de actuación frente al maltrato infantil y los cambios de legislación y unidad de acción en fiscalía de protección respecto a Barcelona serán una pronta realidad.

Muchísimas Gracias,

Luis Marínez Gavilán

Presidente de ADENICAT

ADENICAT

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