NOTA DE PRENSA

ADENICATADENICAT
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE CATALUÑA

Teléfono 649 311 236 email: adenicatalunya@gmail.com

NOTA DE PRENSA SOBRE NUESTRA HOJA DE RUTA.

El Pasado día 18 de diciembre de 2015, durante nuestra concentración, registramos ante el Parlamento de Cataluña, nuestro Informe sobre EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN CATALUÑA y la VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS OPORTUNIDADES DE LA INFANCIA.

El objetivo de este informe es la denuncia ante los Poderes Públicos de los miles de niños que sufre a diario la vulneración de sus derechos. Denuncias y quejas que constantemente recibimos por parte de familiares en la mayoría, pero también a través de la propia Infancia. Casi el 100% de las vulneraciones provienen de la mala praxis de la administración.

El Informe llegó a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, la Señora Carmen Forcadell, la cual a través de la Señora García i Soler, Jefa del Gabinete de Presidencia, nos desplazó a los diferentes Grupos Parlamentarios que componen el Parlamento.

Iniciados los contactos con ellos, dos de éstos Grupos Parlamentarios han contestado de una manera rápida e interesada a la situación.

Por todo ello, el próximo día jueves 21 de enero, a las 10 de la mañana, ADENICAT realizará una reunión con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Que a través de su portavoz del Grupo en el Parlament, la Señora Inés Arrimadas, han accedido a reunirse con ADENICAT.
La reunión se realizará en el Centro Cultural de San Feliú de L’Hospitalet dónde se desplazarán los Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Están convocados los medios de comunicación.

Posterior a la reunión, publicaremos los temas tratados, las peticiones y los acuerdos de compromisos alcanzados con vista a la nueva constitución de la Comisión de Infancia del Parlamento de Cataluña, dónde ADENICAT quiere ser partícipe.

También en Agenda y para el próximo día lunes 1 de febrero, ADENICAT y una representación de afectados acudirá al Parlamento de Cataluña, que a través del primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña, el Señor Miquel Iceta, mantendremos una reunión, dónde también estarán presentes la Diputada Eva Granados y miembros del Grupo Parlamentario Socialista. Tendremos la oportunidad de tratar temas sobre el Sistema de protección a la Infancia y Adolescencia de Cataluña.

De igual manera, transmitiremos las situaciones que nos hacéis llegar y haremos entrega de nuestro manifiesto y propuestas.

Entre las propuestas de ADENICAT, figuran la iniciativa del  borrador para reformar el Sistema de Protección a la Infancia, de necesidad urgente, entre otras.

Queremos agradecer desde aquí el interés ofrecido y la atención exquisita de todas aquellas personas que han hecho posible estos encuentros.
En Barcelona, a 20 de enero de 2016
ADENICAT

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Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia

Luís Martínez Gavilán

Presidente de ADENICAT

 

El viernes pasado se dio luz verde para la reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor del año 1996, reforma que se contemplan en los dos anteproyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros.

Una buena noticia para las niñas y los niños, que como toda buena noticia, aunque llegue tarde, bienvenida sea. 

Recordemos que ya hace 18 años que se implantó como una moderna Ley que anunciaba principios y espíritu contemplados en la Convención sobre los Derechos del niño.

Desde el propio Ministerio menciona como base de reforma en su discurso como “algunos problemas surgidos”, “falta de avance en la interpretación y/o aplicación”, “cambios sociales y familiares acontecidos”, y lo dictan como que durante este periodo, dichos factores aconsejaban estos cambios y que a partir de ahora todo quedará arreglado.

A la espera de conocer el texto completo definitivo de los anteproyectos por parte de ADENICAT, hablaremos aquí devarios puntos de interés.

Si bien y pese a que no dejan de ser anteproyectos, Adeni Cataluña queda expectante del trámite, aunque ciertos sectores involucrados en infancia, tanto gubernamentales, como ong’s ya lo presentan como Ley (no entrando a valorar aquí el motivo de esta actitud en el modo de anunciar este trámite), pero confiando en que el resultado colme expectativas y llene plenamente los vacíos en materia de Infancia y Adolescencia en cuanto a eficacia y eficiencia.

Punto 1. El Interés Superior del Niño.

Esté interés se incorpora (ahora) apoyado por las propuestas desde el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y reforzado con el derecho de los menores de edad a ser escuchados entendiendo que pueden mejorar muchas cosas.

Al parecer la definición de “el interés superior” dejará de ser algo indefinido para ser una decisión que se tomará basada en criterios formales y que deberá ser analizado en cada caso, para cada niño.

Esto viene a decir que los niños tienen derecho a ser oídos más y mejor y serán tenidos en cuenta en las decisiones que les afecten.

¿Esto no se estaba contemplando anteriormente?

Pues no y precisamente en Cataluña tenemos la fabulosa Ley del año 2010, a punto de cumplir cuatro años de vida, sobre los derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia, que reúne artículos relativos a los derechos de los niños y concretamente a ser escuchados, pero que se contradicen entre ellos y son contrarios al Estado de Bienestar Social y Derecho actual,  al menos en una primera lectura, pero abre debate jurídico en una segunda lectura:

Así por ejemplo en los siguientes artículos de la mencionada Ley nos encontramos:

Artículo 2.2. A los efectos de la presente ley y de las disposiciones que la desarrollan, se entiende por niño la persona menor de doce años y por adolescente la persona con una edad comprendida entre los doce años y la mayoría de edad establecida por la ley.

Artículo 3.2. Las administraciones públicas deben desarrollar sus actividades de modo que los niños y los adolescentes sean considerados y reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, sin perjuicio de las limitaciones que derivan de la minoría de edad legal.

Artículo 5.1 habla del interés superior del niño o el adolescente y que debe ser el principio inspirador y fundamentado de las actuaciones públicas.

En el punto 4 del mismo dice que para determinar el interés superior del niño o el adolescente deben atenderse sus necesidades y sus derechos, y debe tenerse en cuenta su opinión, sus anhelos y aspiraciones, así como su individualidad dentro del marco familiar y social.

Pero en cambio en el Artículo 7 sobre el Derecho a ser escuchado dice:

1. Los niños y los adolescentes, de acuerdo con sus capacidades evolutivas y con las competencias alcanzadas, y en cualquier caso a partir de los doce años, deben ser escuchados tanto en el ámbito familiar, escolar y social como en los procedimientos administrativos o judiciales en los que se encuentren directamente implicados y que conduzcan a una decisión que afecte a su entorno personal, familiar, social o patrimonial.

2. Los niños y los adolescentes pueden manifestar su opinión por sí mismos o mediante la persona que designen.

Aquí se puede interpretar y así se ha podido contemplar en muchos litigios, que aquellos ciudadanos de pleno derecho, menores de 12 años, que se reconocen como niños por Ley, no se les tiene en cuenta su opinión, cuando ésta podría ser esencial para establecer y garantizar su bienestar y protección.

Incluso citando la Constitución Española, podríamos pasear por su articulación, entre ella, el Artículo 10 sobre Derechos de la persona

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Aquí entra la Convención de los Derechos del Niño, vulnerada y obviada cada día.

Esta oportunidad dada a los niños se expresa en Cataluña como el hecho de hacer posible la apertura de nuevos caminos, de nuevas vías, de establecer medidas concretas para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos reconocidos a los niños por Ley y en las convenciones internacionales.

Pero una vez más nos encontramos con procesos administrativos y judiciales donde los Poderes Públicos no contemplan estas oportunidades, no abren nuevos caminos, no establecen medidas concretas y como resultado no se cumplen con los Derechos reconocidos de los niños y adolescentes.

Debemos recordar que las niñas y los niños son la parte más vulnerables de nuestra sociedad y se sigue olvidando también, que son el futuro de ella.

De los muchos ámbitos que comprende la reforma, destacar una materia más:

Punto 2 El aumento de la protección de los niños víctimas de violencia,

Se contempla desde la obligación de los ciudadanos y las autoridades de denunciar los delitos contra los niños de los que se tenga conocimiento, pasando por el alejamiento de los agresores, y hasta la protección efectiva de los que son víctimas directa o indirectas de la violencia de género.

Ya desde la magnífica Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia de Cataluña se contemplan profundamente esta materia, pero desgraciadamente no se manifiesta al 100% en el día a día, en aquellos procedimientos públicos dónde una niña o un niño son víctimas de violencia, directa o indirectamente.

En Cataluña tenemos el completo Protocolo de actuación entre los Departamentos de Bienestar Social y Familia y el de Enseñanza en materia de Detección, Notificación, Derivación y Coordinación de Situaciones de Maltrato Infantil y Adolescente en el ámbito educativo, firmado en Barcelona el 4 de Junio de 2012, pero que tristemente seguimos encontrando profesionales de éstos ámbitos que no tan solo no lo han leído, si no que desconocen de su existencia.

Indudablemente ante este panorama, el Protocolo es del todo ineficaz y efectivo.

La no utilización de la prueba preconstituida en procesos judiciales, donde encontramos a los niños en los Juzgados en contacto directo con quienes han sido acusados/as de agresiones, la utilización de los puntos de encuentro como lugares de cumplimiento de sentencias.

Un cambio de legislación y/o solapamiento con la Ley de Violencia debería dar herramientas más eficaces a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen como misión y tareas encomendadas la atención a las víctimas, pero actualmente las buenas intenciones y el quehacer diario de nuestras y nuestros policías se encuentran con el ancho muro legislativo; ahí tenemos Unidades Policiales especializadas que se encargan de hacer seguimiento a la víctima pero una nula actuación y/o acción a controlar o realizar un seguimiento al agresor/a.

Quizás un nuevo protocolo de actuación por parte de estas unidades especializadas y utilización de modernos medios electrónicos para garantizar el control de los agresores/as, inclusive cuando están imputados o pesan ya órdenes de alejamiento contribuirían a aumentar y mejorar la efectividad policial y como resultado un aumento de calidad y eficacia en seguridad y protección de las víctimas.

Otro punto que trae la voluntad de reforma es la de aumentar y mejorar la coordinación y de establecer y definir las responsabilidades de las administraciones respecto a la infancia, en temas muy importantes como, la información compartida y en esta y otras materias también está interesada la Asociación para la Defensa de los Derechos de las niñas y los niños de Cataluña, en particular en la materia de los Puntos de Encuentro.

Las visitas establecidas por sentencia judicial se realizan en los Puntos de Encuentro, que llevan años funcionando en algunos casos gestionados por asociaciones privadas en las que los poderes públicos han delegado la coordinación y el seguimiento de estos contactos.

La función de los puntos de encuentro como centros públicos oficiales es de garantizar el derecho de visitas de los Niños y Las Niñas con los progenitores que de acuerdo al Art. 9 de la CDN no puede convertirse en una obligación e informar periódicamente al juzgado acerca de su desarrollo y evolución.

Ante la ausencia de legislación específica, el funcionamiento de estos centros esté siendo arbitrario, desigual y en muchos casos desastroso, tan es así que ya ha merecido estudios e informes contundentes para denunciar las situaciones que en este sentido se están produciendo.

Entre las deficiencias de su actuación destaca principalmente:

– el desconocimiento de la legislatura vigente y/o su incumplimiento,

-la falta de coordinación con los sectores de atención a la infancia, de Salud, Enseñanza y Asuntos Sociales,

-el escaso nivel de formación de las personas que trabajan en los Puntos de Encuentro, en ocasiones muy jóvenes, sin ninguna experiencia profesional y sin la necesaria madurez emocional para intervenir en un contexto sumamente delicado, todo lo cual puede contaminar sus intervenciones.

Se suma una permanente rotación del personal, que podría esconder situaciones de precariedad laboral y que impide al usuario tener un único interlocutor plenamente informado y responsabilizado de su caso.

Muchas veces, los puntos de encuentro no son lugares neutrales que dan cuenta de la situación de los Niños y Las Niñas y de sus manifestaciones, sino que se llega a someter a los Niños y Las Niñas a coacciones, amenazas y acosos semanales, cuando no malos tratos, para dar cumplimiento a los regímenes de visitas y crear o reestablecer los vínculos con el progenitor/a no custodio y/o que está inmerso/a cuando no condenado/a en procedimientos penales , destrozando psicológicamente a los Niños y Las Niñas, y dando lugar a los llamados Niños PDE por la cantidad de atención psicológica, psiquiátrica y pediátrica que necesitan.

Los informes que se emiten desde los puntos de encuentro son incomprensiblemente parciales y sesgados, pues anteponen sistemáticamente la ejecución de la sentencia judicial por encima del bienestar y los derechos del Niño sin contemplar que en realidad son una fase más del procedimiento.

Incurren además en irregularidades administrativas como remitir al juzgado informes que no van firmados por ningún profesional o no emitirlos en el plazo debido.

Su intervención puede prolongarse durante años, cuando inicialmente han sido concebidos como recursos temporales de breve duración.

O por el contrario se dictan sentencias estableciendo Puntos de Encuentro y pasan meses hasta que se inicia el servicio alegando como causa que están saturados.

No se entiende tampoco la inhibición judicial tras la promulgación de la sentencia, momento en que todas las competencias y la responsabilidad sobre el bienestar del Niño y la Niña quedan en manos de los puntos de encuentro, cuando éstos no deberían ser sino meros instrumentos al servicio de la justicia.

¿Realizan los juzgadores un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de sus propias sentencias?

¿Controlan que los informes han de prestar una particular atención a la situación, el estado de ánimo y las manifestaciones de los Niños y Las Niñas?

Todo parece indicar que no siempre, o no en la mayoría de los casos, pues sólo así se explica la interminable prolongación de los procedimientos y la vulneración sistemática del derecho del Niño y la Niña una vez más a ser escuchado que se comete en los puntos de encuentro.

Los puntos de encuentro pueden ser un recurso adecuado en situaciones de pequeñas desavenencias familiares, pero cuando los menores proceden de hogares violentos, cuando los vínculos emocionales se han destruido por completo o no han existido nunca, cualquier intervención está fuera de lugar.

En todo caso, parece sensato exigir que, si existen, su funcionamiento sea regulado de inmediato, que sea supervisado periódicamente por evaluadores independientes de reconocida solvencia que analicen tanto los protocolos de actuación como el éxito, el fracaso, el enfoque o la idoneidad de sus intervenciones, y que los resultados de esta evaluación se hagan públicos, así como que se practiquen sobre ellos auditorias anuales.

Sin perder el ánimo, depositemos confianza en este gran paso para los más pequeños y esperemos un grande y efectivo apoyo político, económico y social para garantizar y hacer real los Derechos de las niñas y los niños de España y en especial de Cataluña.

 

Luis Martínez Gavilán

Presidente de ADENICAT

Asociación para la Defensa de los Derechos de las Niñas y Los Niños de Cataluña.

Nota de Prensa del Ministerio: AQUÍ

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY PRESENTADA EN LAS CORTES GENERALES

Dejamos aquí la Proposición No de Ley (PNL) presentada y debatida en Sesión del Congreso de los Dipuitados y seguida por ADENICAT, con el fin de informar las actuaciones de los Poderes Públicos en temas de Infancia y en especial en la lucha contra el Maltrato Infantil. En este caso el tema se centra en el RUMI, Registro Unificado de Maltrato Infantil.La Sesión se celebró el pasado 12 de marzo de 2014. ADENICAT recomienda leer este artículo y comentarlo.

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Sesión núm. 23 celebrada el miércoles 12 de marzo de 2014

— POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL REGISTRO UNIFICADO DE MALTRATO INFANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001735.)

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Pasamos a la proposición número 6, por la que se
insta al Gobierno a mejorar la coordinación con las comunidades autónomas del registro unificado de
maltrato infantil. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra la
señora Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Señorías, pocas noticias duelen tanto como las que informan  sobre un suceso de maltrato infantil. En esas ocasiones la capacidad de comprensión de la gran mayoría se ve mermada ante un hecho tan cruel. Pero desgraciadamente estos casos se dan y, con demasiada frecuencia, protagonizan titulares en los medios de comunicación de nuestro país. La iniciativa que hoy debatimos está llamada a generar un amplio consenso, porque creo que todos los grupos aquí
representados estamos de acuerdo en la necesidad de proteger a los menores de cualquier daño, más todavía en una situación de violencia o maltrato generada en muchas ocasiones en el ámbito más cercano, el de la propia familia. Desgraciadamente, la violencia contra los menores en el ámbito familiar es una realidad que no podemos desconocer en ningún caso; todo lo contrario, debemos conocer sus características, causas y consecuencias, para poder reaccionar con eficacia y eficiencia desde los poderes públicos. Hasta ahora lo que conocemos son estadísticas, frías y duras, sobre un problema que exige la mayor atención, pero es nuestra obligación que cada dato vaya acompañado de su historia. Llamo su atención, por ejemplo, sobre las estadísticas de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, la Fundación ANAR, que en su informe de 2012, Violencia infantil en España, publicado el 25 de abril de 2013, con motivo de la conmemoración del Día internacional de la lucha contra el maltrato infantil, pone de manifiesto que durante el año 2012 hubo cinco casos graves al día de violencia contra menores y que durante ese mismo año se produjo un incremento del 13,6% en el número de casos de maltrato infantil. Son unos datos que muestran la dura realidad a la que se enfrentan diariamente muchos niños y muchas  niñas en nuestro país y que, como suele ocurrir por desgracia en estas historias, no ocultan que hay muchos casos que no llegan a formar parte de la estadística. Por todos es sabido que el menor, por su falta de madurez, es susceptible de sufrir una mayor fragilidad ante situaciones de maltrato o mayores dificultades para su denuncia, por lo que necesita un cuidado y una atención especiales. Por ese motivo el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han reiterado en numerosas ocasiones su firme compromiso con la promoción, protección y defensa de los derechos de la infancia, y esta PNL es una clara muestra de esa voluntad, una voluntad que esperamos que sea compartida por todos los grupos. Esa voluntad del Gobierno de proteger a la infancia va mucho más allá de esta iniciativa. Desde el comienzo de esta legislatura se han venido tomando decisiones y aprobando políticas de gran relevancia en este ámbito. Así, el Gobierno ha aprobado, por ejemplo, el Plan nacional para la inclusión social, un instrumento que establece que la lucha contra la pobreza infantil es un objetivo prioritario y transversal en
todas las actuaciones. Se ha impulsado también la aprobación del II Plan estratégico de infancia y adolescencia 2013-2016, vertebrado en ocho pilares fundamentales y articulado en 125 medidas transversales, orientadas a la protección integral de la infancia. Se ha planteado una reforma del Código Penal, que endurece las sanciones penales en materia de lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de menores. Se está trabajando para ampliar a los menores el ámbito de la protección en la lucha
contra la violencia de género. Por eso y en consonancia con la medida anterior, me gustaría destacar que desde el mes de enero de 2013 las estadísticas incluyen a los hijos y a las hijas menores de dieciocho años en el seguimiento de la violencia de género cada vez que se produce una víctima mortal por esta violencia, todo ello con el fin de dar visibilidad a los hijos y a las hijas de las víctimas de la violencia de género, como víctimas también de la expresión más execrable de la desigualdad y la sinrazón.En coherencia con esa voluntad, el Grupo Parlamentario Popular ha hecho suyo el compromiso por la mejora de la protección de la infancia, y por ese motivo ha impulsado acciones y políticas en favor de la infancia, porque está convencido, al igual que lo está el Gobierno, de que en la lucha por la igualdad y el respeto de la dignidad de todas las personas, incluidas las más vulnerables, como son los menores, se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Para abordar las tareas pendientes es preciso, en primer lugar, conocer la realidad a la que nos enfrentamos. Debemos ser capaces de recabar la mayor y la mejor información posible sobre la incidencia del maltrato infantil, como instrumento para mejorar todas las políticas que podamos definir en la lucha contra esta lacra. Queremos que la cercanía a la víctima, que se gana con la descentralización, ya que son los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que atienden en primera instancia al ciudadano, no se pierda a la hora de coordinar el seguimiento de los casos de maltrato y la respuesta que se les puede ofrecer. He ahí la importancia del buen funcionamiento y mejor coordinación del RUMI, una herramienta en activo desde 2010, que funciona sobre la base de unos datos online, a la que tienen acceso la totalidad de los servicios de protección de los menores, desde las comunidades autónomas y desde las ciudades autónomas, y que garantiza un considerable grado de coordinación con el Estado. Esta iniciativa que presentamos hoy no es inasumible, porque en la política de lucha contra el maltrato infantil ha quedado demostrada la buena intención de todos: la del Gobierno, con las políticas en favor de la infancia; la de nuestro grupo parlamentario, con propuestas e iniciativas como la que traemos hoy, y la de todos los grupos políticos, que en esta Comisión, en marzo de 2103, hace un año, mostraron su voluntad de dialogar y de consensuar una acción común contra el maltrato infantil. Es más, todos los grupos parlamentarios suscribimos la creación de una subcomisión para estudiar el problema de la violencia en los niños y en las niñas. A ese espíritu de consenso y de diálogo es al que apelo esta tarde para apoyar las acciones que permitan potenciar y mejorar la coordinación de todos los actores implicados en la lucha contra el maltrato infantil —administraciones públicas, asociaciones, medios de comunicación, educadores, familias—, para así dar un paso importante en esta tarea con el necesario impulso al registro sobre notificaciones de casos de maltrato infantil. Estoy convencida de que esta medida va a ser acogida favorablemente por todos, porque se trata de una lucha de todos en favor de quienes más lo necesitan. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Se han presentando dos enmiendas, en primer lugar del Grupo Unión Progreso y Democracia. Señora Díez, tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Decía bien la portavoz del Grupo Popular que esta propuesta de su grupo es asumible. Es que imposible no asumirla, porque, francamente, no dice nada nuevo. Dice: En el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, seguir trabajando en la mejora de la coordinación del registro unificado de casos de maltrato infantil. A ver quién se va a oponer a eso. Es difícil oponerse a una cosa tan declarativa y tan asumible por cualquiera, porque es más o
menos como decir: Insto al Gobierno a que siga haciendo lo que está haciendo en esta materia. Hombre, a mí me parece —y lo digo francamente— que la parte expositiva contrasta mucho con la parte resolutiva. Es una llamada de atención sobre un asunto verdaderamente dramático. En el diagnóstico estamos completamente de acuerdo, pero es una propuesta muy escasa, muy poco ambiciosa, muy por debajo de las necesidades. Lo que ha llevado a mi grupo parlamentario a presentar una enmienda de adición,
recogiendo algunas de las recomendaciones de Save the Children, también algunas que se han hecho en Europa sobre esta materia, y añadiéndolas a ese punto único de su propuesta, ha sido precisamente encontrar una coherencia entre la parte expositiva y la parte dispositiva. Por eso planteamos, además de la declaración del primer punto, que se lleven a cabo las medidas oportunas en colaboración con las comunidades autónomas para que sea obligatorio el registro en los servicios de urgencia de cualquier
sospecha de maltrato de los menores por parte de los profesionales sanitarios del centro. Elaborar una ley de medidas integrales para la protección de los menores que contemplen nuevas situaciones de riesgo que afecten a los menores y que protejan a los menores de manera efectiva contra la violencia, estableciendo una definición clara de violencia y de las formas que padecen los menores. Por último, elaborar un protocolo para la identificación y atención de los menores utilizados en diversos tipos de trata,
como la trata con fines de mendicidad, o de comisión de delitos menores que complementen a los protocolos ya existentes.
Son recomendaciones europeas y de Save the Children, no es ninguna novedad, pero ya que traen ustedes una iniciativa legislativa planteándole al Gobierno alguna recomendación, vayamos un poquito más lejos y no le digamos solo: Qué bien están haciendo ustedes las cosas y sigan haciéndolas así. De otra forma, hay una enorme incoherencia entre la parte expositiva —en la que la portavoz se ha extendido en su explicación—, en la que verdaderamente se llama la atención sobre una cuestión muy grave, y la
parte dispositiva, que es meramente declarativa y muy poquito ambiciosa. Por eso espero que el Grupo Popular esté abierto a aceptar esta enmienda y esta colaboración que la propia portavoz pedía.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Por el Grupo Socialista, la señora Cabezón tiene la palabra para defender la enmienda.

La señora CABEZÓN RUIZ: Señora diputada, por supuesto, el Grupo Socialista, siempre está dispuesto a apoyar todo aquello tendente a la lucha contra el maltrato infantil, pero, por supuesto, también exige el cumplimiento de lo que se acuerda y, sobre todo, de lo que se pacta. El Grupo Socialista nunca no puede ser encubridor —y perdóneme la expresión— de argucias políticas en temas del calado del que hoy traemos aquí. Y me explico, porque a mí tampoco me parece seria esta PNL que hoy se presenta aquí.El pasado 12 de marzo de 2013 efectivamente todos los grupos del Parlamento firmamos la petición de una subcomisión, que en principio se iba a poner en marcha de forma más o menos inmediata, con una duración de seis meses. La exposición de motivos, que leo rápidamente —por supuesto recoge en parte lo que usted ha dicho hoy aquí—, respecto al registro dice concretamente lo siguiente: Si bien es cierto que se han puesto en marcha importantes políticas, planes y programas como el Penia o el RUMI, estas
iniciativas responden al enfoque fragmentado con que se aborda el problema, no a un objetivo común formulado a partir de un diagnóstico global del problema de la violencia contra la infancia en España. El Comité de los Derechos del Niño… En definitiva, después de una larga exposición de motivos como la que usted ha leído, todos llegamos a la conclusión de que es necesaria una subcomisión para poner en marcha una ley integral que aborde este problema. Eso fue el 12 de marzo. El 5 de abril el Gobierno
aprueba el II Penia, cuyo punto 4.4.3 habla de la necesidad de impulsar y consolidar el registro de todas las comunidades, en un registro nacional, es decir el RUMI. Hablan ustedes de la necesidad de la coordinación interautonómica, es decir, en definitiva de coordinar esa comisión interautonómica de los directores generales de la infancia, que creo recordar que solamente se ha reunido desde entonces una vez, el pasado mes de noviembre de 2013, para abordar exclusivamente el tema de la adopción. El Penia,
además, carece de dotación económica. Pero bueno, como digo, recogen ustedes por segunda vez la necesidad, y ya hablamos de ello cuando aprobamos lo de la subcomisión.

El 23 de abril, es decir, veinte días más tarde, presenta aquí el Grupo Popular una proposición no de ley —sobre la que llegamos todos a un acuerdo, a través de una enmienda transaccional que presenta el Partido Socialista, y que todos aprobamos, incluido el Partido Popular— que incluye tres puntos que inciden en todo lo que usted ha expuesto. Por supuesto, reiteramos la necesidad de poner en marcha de nuevo esa subcomisión que venimos solicitando todos los grupos para abordar de forma integral este
problema. El 28 de mayo, es decir, un mes más tarde de esa PNL, presentan ustedes la proposición que hoy debatimos. Al final, lo único que le piden ustedes al Gobierno es que ponga en marcha el RUIMI, que ya se ha hecho, o que se coordine mejor. A mí esto, perdóneme la expresión, me parece casi una broma. Lo único que les pregunto es si piensan ustedes hacer algo en la lucha contra el maltrato en la infancia, porque tengo la sensación de que no se va a hacer nada. Lo único que están pretendiendo es
mostrar esa buena intención que ustedes dicen que tenemos todos los grupos parlamentarios, cosa que es cierta, pero efectivamente, medidas reales como tal, no se ven. Permítanme que les diga que no sé si traen esta PNL simplemente para completar el cupo que tienen y que no se debatan otras propuestas. Si esto es así, me parece una torpeza, porque lo único que
demuestra es la falta de compromiso que tienen ustedes con un tema tan delicado como el que hoy volvemos a debatir y que parece que avanza poco.
Como decía al principio, el PSOE por supuesto va a apoyar todo aquello que pueda beneficiar a la infancia, sobre todo tan castigada en esta época de crisis por sus políticas, y muy especialmente a la infancia maltratada, pero, perdónenme, no vamos a entrar más en un juego que parece político e irrespetuoso y que parece, como ya digo, que no va hacia ningún sitio. Solamente apoyaremos una
enmienda que concluya con que efectivamente vamos a poner en marcha de forma inmediata la subcomisión para abordar de forma integral y seria este problema que hoy traemos a debate.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): ¿El grupo proponente acepta alguna de las enmiendas?

La señora TORRADO DE CASTRO: Voy a intentar negociar con ellos para ver si llegamos a algún acuerdo. Quiero aclarar que la subcomisión se va a poner en marcha, pero cuando se termine la anterior subcomisión. No puede haber dos subcomisiones a la vez en una misma comisión.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): De acuerdo, únicamente quería conocer su posición. Esperemos que la enmienda llegue a la Mesa.

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